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domingo, 1 de abril de 2018

Bienvenidas/os al Blog de la Comisión Penal de Jueces para la Democracia

Bienvenidas/os al Blog de la Comisión Penal de Jueces para la Democracia, un espacio para compartir novedades legislativas, análisis, informes y estudios de actualidad penal, así como una selección de la más interesante y novedosa jurisprudencia de ámbito nacional y europeo.

Tratamos de facilitar el acceso a nuestros contenidos, ordenados temporalmente, desde la mas reciente, con el tesauro de VOCES disponible en el lateral derecho de la página.

La Comisión de penal publica tres boletines anuales con gran parte de los contenidos de este Blog. Accede a los Boletines

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jueves, 4 de mayo de 2017

Recomendaciones sobre buenas prácticas procesales en la Tramitación de los Juicios Rápidos por delito leve de usurpación 2017

Documento elaborado desde el CGPJ de recomendaciones sobre buenas prácticas procesales en la Tramitación de los Juicios Rápidos por delito leve de usurpación.


STS 255/2017 de 6 de abril de 2017

Absuelve de acusación de agresión sexual a hijas menores.

Accede a la sentencia

STS 221/2017 de 29 de marzo de 2017

Interpreta el Artículo 89 del Código Penal tras la aprobación del la Ley Orgánica 1/2005 


STS PLENO 210/2017 de 28 de marzo de 2017

Zanja por mayoría la controversia en un tema en el que existían dos posiciones divididas a propósito del delito contra la seguridad vial de negativa a someterse a la prueba de alcoholemia. Hay 6 votos particulares. (11 mayoría y 6 en contra). 

Es además interesante porque resuelve el primer recurso de casación contra la sentencia de la AP resolviendo en apelación contra la sentencia del penal dictada en primera instancia. Como dice el TS “inaugura una nueva modalidad de casación con anclaje directo en la función nomofiláctica que se encuentra en los orígenes de la casación y que era necesaria. Así, la exclusión del ámbito de la casación de los delitos menos graves ha venido suponiendo un muy serio obstáculo para la creación de doctrina legal sobre un buen número de tipos penales, lo que acarreaba unas disfunciones que crecieron a medida que se sucedían las reformas del derecho penal sustantivo tan frecuentes como sobredimensionadas. Una buena parte del Código Penal de 1995 y sus nada esporádicas modificaciones han permanecido al margen de la doctrina jurisprudencial propiciando una dispersión interpretativa que exigía con urgencia la adopción de medidas legislativas correctoras. Casación que viene reclamada por el principio de seguridad jurídica, implantándose una herramienta procesal idónea para homogeneizar la interpretación del derecho penal sustantivo para la efectividad del principio de igualdad y evitar que los contornos de lo punible en cuestiones discutidas dependan en último término del criterio de la Sección de la Audiencia a la que haya derivado el asunto la regla, objetiva pero aleatoria, consagrada en las normas de reparto.

El recurso aquí examinado se atiene fielmente, como veremos, a esas pautas: respeto escrupuloso al hecho probado; acomodación del razonamiento a la disciplina del error iuris; y planteamiento de un problema jurídico-penal de interés general.

Las dos posiciones eran las siguientes.

Quienes consideran que el negarse a practicar la segunda prueba, si no se cuestiona el resultado de la primera, no puede suponer una conducta penalmente relevante, ya que consideran que esa segunda prueba lo es a efectos de garantía del investigado, contraste de la primera, y por tanto quien renuncia a su derecho a contrastar habrá de pasar, en todo caso, por el resultado positivo de la primera prueba. Se basan en la literalidad del art. 23 RC "el agente someterá al interesado, para una mayor garantía y a efectos de contraste, a la práctica de una segunda prueba de detección alcohólica por aire espirado". 

Otra posición consiste en considerar que es obligatorio de someterse las dos pruebas, y que por tanto quien se niega a realizar la segunda aunque no impugne o cuestione la primera, integra la conducta del tipo penal. Se basan en el mismo precepto señalado 23.1 del Reglamento, que establece lo siguiente: "Si el resultado de la prueba practicada diera un grado de impregnación alcohólica superior a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre o a 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, o al previsto para determinados conductores en el artículo 20 , aun sin alcanzar estos límites, presentara la persona examinada síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, el agente someterá al interesado, para una mayor garantía y a efecto de contraste, a la práctica de una segunda prueba de detección alcohólica por el aire espirado, mediante un procedimiento similar al que sirvió para efectuar la primera prueba, de lo que habrá de informarle previamente”. Consideran que “someterá” implica obligatoriedad. Y por tanto, aunque la segunda prueba tenga por objeto contrastar y garantizar los resultados de la primera, su realización no es facultativa para el interesado, ni para el agente interviniente, en los casos en que existan indicios de impregnación alcohólica.

La Fiscalía se alineaba con esta segunda posición entendiendo que se incluye en el tipo a conducta de negarse a hacer las dos pruebas, ya que los arts. 379 y 383 CP hablan de las pruebas legalmente establecidas por lo que se remiten al Reglamento y a la LSV que establecen la obligación de someterse a las pruebas que se establezcan, considerando imperativas ambas. No consideran la segunda prueba un derecho del interesado de ejercicio potestativo ya que ambas pruebas son obligatorias y están orientadas a garantizar el acierto en el resultado. Únicamente corresponde el carácter garantista a las analíticas de sangre que tienen por objeto contrastar los resultados de las pruebas efectivamente realizadas.

Pues bien, el Pleno del TS considera que el negarse a la práctica de la segunda prueba constituye el delito de negativa del 383. Considera así que todo conductor está obligado a someterse a una primera prueba o medición. Si el resultado es superior a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre o a 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, deberá someterse a la segunda medición, entendiendo que el imperativo utilizado “el agente someterá” denota su obligatoriedad, siendo por tanto claro que el sometimiento a una prueba de aproximación nunca exonera, en caso de que haya dado positivo, de las pruebas con alcoholímetro de precisión. La negativa será delictiva.

Rebaten la primera posición alegando que el hecho de ser la segunda medición una garantía se ha de considerar garantía del sistema, además de ser del inculpado, y por eso no renunciable, para alcanzar una mayor objetividad y despejar las dudas sobre los márgenes de error del etilómetro. En definitiva, más que de dos pruebas sucesivas, estamos ante una única prueba cuya fiabilidad plena (aspiración del proceso y de la justicia penal y no solo garantía del imputado) requiere dos mediciones con un intervalo de tiempo. Sin esas dos mediciones la prueba está incompleta reglamentariamente; no alcanza las cotas deseables de fiabilidad por haber quedado inacabada. Es un delito de desobediencia especial con unos requisitos específicos y objetivados. Se tutela básicamente el principio de autoridad, reforzando con esa protección penal la efectividad de los requerimientos legítimos de los agentes de la Autoridad para efectuar esas pruebas. Solo indirectamente (y no siempre que se da el delito) se protege además la seguridad vial. Principio de autoridad.

Es relevante el aspecto de determinación de la pena, ya que en la sentencia se dice que la segunda negativa podrá suponer una menor pena, ya que no es lo mismo negarse a la prueba total (supone una mayor rebeldía) que negarse solamente a la segunda tras haberse sometido a la primera. Podría suponer una menor pena (gravedad atemperada) pero no exonerar. 

VOTO PARTICULAR DE Luciano Varela, Ana Ferrer, Miguel Colmenero y Andrés Palomo, Berdugo de la Torre, Pablo Llarena.

Consideran que la normativa no exige las dos pruebas. Consideran que la norma con rango de ley solamente prevé una medición de la tasa de alcohol, realizada mediante aparato autorizado, que se podrá repetir a efectos de contraste y a petición del ciudadano, preferentemente mediante análisis de sangre, aunque sin excluir otras posibilidades. Entre ellas, una nueva medición con dispositivo autorizado, igual o similar al empleado en la primera medición. El Reglamento, a los efectos de complemento de la norma penal, no puede, válidamente, ampliar el elenco de pruebas obligatorias para el ciudadano, más allá de los términos de la ley, porque no existe habilitación de esta norma en ese aspecto. No puede ir más allá de lo que le ley establece. Por lo tanto, cuando en la norma reglamentaria se prevé que en determinados casos el agente someterá al conductor a una segunda medición con el etilómetro, está imponiendo una obligación al agente, no al conductor, que solamente viene obligado por la ley a la primera de las mediciones. Y al tiempo, está ofreciendo al conductor, a efectos de contraste y para una mayor garantía, como dice textualmente, la posibilidad de repetir la prueba de medición con etilómetro, sin perjuicio de un análisis posterior de sangre.

Por otra parte, el art. 24 habla del agente debe consignar el procedimiento seguido para efectuar la prueba o pruebas de detección alcohólica. De ahí se desprende que la segunda prueba es obligatoria para el agente en determinados casos, Lo relevante, de todos modos, es que la primera prueba, válidamente realizada con dispositivo autorizado, puede ser valorada como prueba de cargo, aunque el conductor se niegue a realizar una segunda medición o no desee que se practique un análisis de sangre. No se trata, pues, de una prueba única en dos actos, o en dos mediciones, lo que conduciría a negar valor probatorio, por prueba incompleta, a la primera medición aun cuando hubiese sido realizada con todas las garantías. Sino de una única prueba de medición con dispositivo autorizado, que puede ser repetida para mayor garantía y a efectos de contraste, de forma que su ausencia no repercute negativamente en la validez de la primera. Por tanto, cuando se ha realizado correctamente, con dispositivo autorizado, una prueba de alcoholemia que permita comprobar adecuadamente la tasa de alcohol en el sujeto, la negativa a realizar la segunda medición con el mismo o similar aparato no es constitutiva del delito del artículo 383 CP.


STS 177/2017 de 22 de Marzo de 2017

Condena al Sr. Homs (ex consejero de presidencia de la Generalitat) como autor de un delito de desobediencia con motivo de la consulta sobre el futuro político de Catalunya que se convocó por Decreto del President de la Generalitat 129/2014, para el 9 de noviembre de 2014, como consecuencia de la Ley 10/2014, 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana

En los hechos probados se hace constar que contra esta última se interpuso recurso de inconstitucionalidad que fue admitido a trámite por providencia de 29 de septiembre de 2014. La admisión a trámite del recurso tiene como efecto legal (arts. 161.2 de la CE y 30 de la LOTC), la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados desde el mismo día 29 de septiembre de 2014 así como cuantos actos o resoluciones hayan podido dictarse en aplicación de los mismos. Dicha providencia de admisión acordaba que se notificara a los Presidentes del Parlamento de Cataluña y del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, así como «publicar la incoación del proceso en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. Por otra parte, también se impugnó el Decreto 129/2014 de convocatoria, admitiéndose a trámite la impugnación por providencia de 29 de septiembre de 2014 que suspendió el decreto y las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella. Se puso en conocimiento del President de la Generalitat y se publicó en el BOE y DOGC. El Gobierno de la Generalitat desistió de la convocatoria de la llamada consulta popular no referendaría que autorizaba la Ley 10/2014 y que materializaba el Decreto 129/2014. Posteriormente, la STC 32/2015 declaró inconstitucional y nulo el Decreto 129/2014 al haber convocado un referéndum sin la preceptiva autorización estatal, como exige el art. 149.1.32 CE, y sin seguir los procedimientos y garantías constitucionalmente exigidos. Con posterioridad a esta sentencia, el Gobierno de la Generalitat anunció para el 9 de noviembre de 2014 un proceso de participación ciudadana, persistiendo en la idea de celebrar la consulta. Se anunció ante los medios de comunicación, para su difusión se encargó la puesta en marcha de una página web denominada www.participa2014.cat y el Gobierno de la Generalitat asumió la iniciativa de distintas actuaciones y procedimientos administrativos dirigidos a hacer realidad la votación anunciada para el día 9 de noviembre, como por ejemplo la página web ya citada, contratación de publicidad institucional, fabricación de material para la votación, que los institutos públicos de enseñanza pusieran a disposición para la votación sus locales, se adquirieron 7000 ordenadores, se interesó los servicios del Centre de Telecomunicaciones i Tecnologíes de la Informació (CTTI) para el «apoyo al proceso de participación y el CTTI contrató a empresas privadas para su ejecución (diseño de programas informáticos para la inscripción de asistentes, recuento de votos, resultados… Se creó una base de datos temporal utilizando un registro administrativo donde figuran los datos actualizados de carácter obligatorio de los vecinos inscritos en los padrones municipales de habitantes de todos los ayuntamientos de Cataluña del Institut d'Estadística de Catalunya, para mandar una carta a todos los vecinos inscritos en los padrones municipales de habitantes de todos los ayuntamientos de Cataluña que sean mayores de 16 años con información básica del proceso de participación. Se contrató un suplemento de la póliza de seguro de accidentes de accidentes del Departament d'Economia i Coneixement para dar cobertura a 1317 personas voluntarias que trabajarían los días 9 y 10 de noviembre, y más de 25.000 voluntarios que trabajarían exclusivamente el día 9 de noviembre.

El 31 de octubre de 2014 el Gobierno impugnó ante el Tribunal Constitucional las actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas al proceso de participación ciudadana, y el 4 de noviembre de 2014 el TC dictó providencia admitiendo a trámite la impugnación y acordando la suspensión de los actos impugnados y las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ella. Esta providencia fue publicada el 5 de noviembre en el BOE y en el DOGC Y tuvo entrada en el registro oficial de la Generalitat el día 6 de noviembre. El mismo día 4 el Presidente del Tribunal Constitucional remitió por correo electrónico comunicación en la que ponía en conocimiento del Presidente de la Generalitat, adjuntando el archivo correspondiente, la existencia misma de esa resolución y una carta personal. El mensaje de correo electrónico fue remitido desde Presidencia del Tribunal Constitucional a las 13:19 horas del día 4 de noviembre a la Subdirección General de Cuestiones Constitucionales del Gabinete Jurídico de la Generalitat, del Departamento de Presidencia. La notificación coincidió con la celebración por el Ejecutivo de la Generalitat de una sesión formal de Gobierno el mismo día 4 de noviembre En esa reunión se acordó formular recurso de súplica contra la providencia, con subsidiaria petición de aclaración. La Generalitat solicitaba del Tribunal Constitucional una decisión rápida, pues «…si el TC no resuelve inmediatamente, tal omisión causará indefensión al haberse dejado pasar la fecha del 9 de noviembre para la que se ha convocado el proceso participativo sin que éste haya podido celebrarse» (encabezamiento del punto 6). De forma correlativa, en el petitum del recurso se solicitaba que se tuviera por formulado recurso de súplica contra la providencia de 4 de noviembre y sea dejada sin efecto de modo que «(...) pueda celebrarse el día 9 de noviembre el proceso participativo convocado sobre el futuro político de Cataluña.

Después enumera las omisiones y comportamientos en que incurre el acusado y que permitieron el desarrollo del proceso de participación.

La sentencia considera que la acreditación de los hechos probados y de la participación del acusado resulta incluso del propio reconocimiento del acusado que declaró que realizó más acciones de apoyo al proceso de las descritas en el escrito de acusación, resultando por otra parte de conocimiento notorio la acreditación de varios de esos actos (comparecencia pública de nuncio del proceso de Artur, Mas, página web institucional, campaña de publicidad institucional…).

Se discrepa de la calificación jurídica. El MF calificó los hechos como prevaricación de desobediencia grave cometido por autoridad pública en concurso ideal.

PREVARICACIÓN OMISIVA-DESOBEDIENCIA: El TS considera que los hechos solamente constituyen un delito de desobediencia sin que sea admisible el concurso de delitos, al tratarse de un concurso de normas en el que el desvalor de una de las acciones –la desobediencia-absorbe el posible desvalor de la otra -la prevaricación-. Es decir, la desobediencia absorbe en su desvalor al que sería predicable de otras conductas cuya injusticia radica, precisamente, en su condición de actos u omisiones desobedientes. Lo que se le imputa son comportamientos omisivos que permitieron el proceso de participación. Dichas omisiones podrían integrar una prevaricación omisiva, pero consideran que desbordarían la medida de la culpabilidad o vulnerarían el principio de proporcionalidad, porque cada una de las omisiones son secuencias de una desobediencia más amplia, manifestaciones de la contumacia del acusado, de su resistencia a someterse al mandato del Tribunal Constitucional. Aplican el art. 8.3: el precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél.

DESOBEDIENCIA GRAVE: Se castiga a las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales. El acusado se negó abiertamente a dar cumplimiento a la providencia del Tribunal Constitucional de 4 de noviembre de 2014 y conocía el efecto suspensivo asociado al recurso interpuesto contra ella, sabía que es una consecuencia legal asociada a la simple impugnación, porque así lo dice la CE en su art. 161.2. El acusado conocía que la puesta en marcha de un proceso constitucional de esa naturaleza por el Gobierno de la Nación conducía de forma inexorable –eso sí, limitada su vigencia al transcurso de un plazo no superior a 5 meses- a la suspensión del proceso de participación anunciado por el Presidente de la Generalitat el día 14 de octubre. Y ese conocimiento le obligaba a adoptar aquellas decisiones que condujeran a la paralización de las actividades administrativas impulsadas por la Generalitat, buena parte de las cuales formaban parte del exclusivo y excluyente ámbito competencial del acusado. Y aun así materializó su negativa mediante acciones y omisiones dirigidas a un mismo fin, a saber, hacer realidad el llamado proceso de participación.

En cuanto a la alegación del carácter indeterminado de la providencia y que las dudas sobre el alcance de lo proveído impedían la recepción con nitidez del mandato emanado del Tribunal Constitucional. El tenor literal de la providencia es el siguiente: «El Pleno, en el asunto de referencia, a propuesta de la Sección Tercera, acuerda: 1- Una vez comprobada la concurrencia de las condiciones procesales de admisibilidad, admitir a trámite el escrito presentado por el Abogado del Estado en nombre y representación del Gobierno de la Nación, de impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC) y, subsidiariamente, de conflicto positivo de competencia, contra las actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas a la convocatoria a los catalanes, las catalanas y las personas residentes en Cataluña para que manifiesten su opinión sobre el futuro político de Cataluña el día 9 de noviembre (y en los días sucesivos en los términos de la convocatoria), mediante un denominado "proceso de participación ciudadana", contenidas en la página web participa2014.cat/es/index.html, y los restantes actos y actuaciones de preparación, realizados o procedentes, para la celebración de dicha consulta, así como cualquier otra actuación aún no formalizada jurídicamente, vinculada a la referida consulta. 

2.- Dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, por conducto de su Presidente, al objeto de que en el plazo de veinte días y, por medio de la representación procesal que determina el artículo 82.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes. 

3.- Invocado por el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, con arreglo al cual el Gobierno podrá impugnar ante este Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas, tal impugnación produce la suspensión de las actuaciones impugnadas, debiendo el Tribunal ratificar o levantar la suspensión en un plazo no superior a cinco meses (arts. 161.2 CE y 77 LOTC). 

De conformidad con dicho artículo de la Constitución, acuerda suspender los actos impugnados (desde el 31 de octubre de 2014, fecha de interposición del recurso, para las partes del proceso y desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado para los terceros), así como las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ella. 

4.- Comunicar al Presidente de la Generalitat de Cataluña la presente providencia. 

5.- Publicar la incoación de la impugnación en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Madrid a cuatro de noviembre de dos mil catorce».

Considera el TS que era claro el mensaje y que el objeto de la suspensión era, pues, inequívoco. La reclamada inconstitucionalidad del llamado proceso de participación llevaba aparejada la suspensión directa, no sólo de ese proceso, sino de «…los restantes actos y actuaciones de preparación, realizadas o procedentes, para la celebración de dicha consulta, así como cualquier otra actuación aún no formalizada jurídicamente, vinculada a la referida conducta». Se refería por tanto a todas aquellas actividades, presentes o futuras, que estuvieran dirigidas a hacer realidad la votación. Y el acusado lo sabía ya que así se desprende del contenido del recurso de súplica interpuesto contra dicha providencia y la necesidad de que la pronta estimación del recurso de súplica permitiera celebrar la consulta sin obstáculos constitucionales. 

En cuanto al papel de los voluntarios en el desarrollo del proceso no elimina el delito ya que fue un proceso tutelado y dirigido desde el Gobierno de la Generalitat, se adquirieron ordenadores, contrató publicidad…

En cuanto a la alegación de haber actuado por su deber como gobernante de garantizar otros derechos constitucionales en juego, a saber, la libertad de expresión, el derecho a la participación y la libertad ideológica, considera el TS que es al TC a quien corresponde la defensa de las libertades y derechos fundamentales y activado el recurso para impugnar determinadas decisiones, ningún responsable político puede imponer su voluntad frente a lo resuelto por el TC. El ejercicio de los derechos y libertades públicas se desvincula de su genuino fundamento cuando su prevalencia se impone a costa de destrozar el edificio normativo y los equilibrios proclamados por el poder constituyente. Esos derechos sólo permanecen conectados a la fuente de su legitimidad cuando para su eficacia no necesitan anular por la vía de hecho el concepto constitucional de soberanía, el reparto competencial que singulariza al modelo territorial y, en fin, el elemental principio de seguridad jurídica.

Respecto a la existencia de error y actuar en la creencia de estar actuando conforme a derecho, ya que el acusado mantuvo reuniones con los servicios jurídicos de la Generalitat y su opinión era compartida por la junta de fiscales inicialmente, e incluso quien fuera vicepresidente del TC, Carles Viver Pi-Sunyer tenía dudas, el TS considera que son meras opiniones jurídicas, algunas de ellas sorprendentes como en este último caso, y en cuanto a los fiscales, son un órgano jerárquico y lo que cuenta es el Fiscal General del Estado.

En cuanto a la ausencia de requerimiento personal, considera el TS que la tesis de que sin notificación y sin requerimiento personales el delito de desobediencia previsto en el art. 410 del CP no llega a cometerse obliga a importantes matices. Si el destinatario es un particular es lógica la exigencia de dicho requerimiento personal. Sin embargo, cuando se dirige a una autoridad o funcionario público, lo verdaderamente decisivo es que el funcionario o la autoridad a la que se dirige el mandato tenga conocimiento de su existencia y, sobre todo, del deber de acatamiento que le incumbe. El Sr. Homs, a preguntas del Ministerio Fiscal, reconoció que la Generalitat como institución se dio oficialmente por notificada el día 4 de noviembre y que la providencia de suspensión dio lugar a un amplio debate en el Consejo de Gobierno.

Le impone la pena de inhabilitación especial de 1 año y 1 mes porque aprovechó su posición institucional en aquellas fechas para sumarse a un desafío que no circunscribía sus efectos al ámbito estrictamente autonómico o local, sino que afectaba a las bases mismas del sistema constitucional.

Accede a la sentencia

martes, 14 de marzo de 2017

STS 980/2016 de 11 de enero de 2017

El caso es el siguiente: Se acusó a un agente de la policía local por delito continuado de falsedad documental. El Ministerio Fiscal había realizado cuerpo de escritura y la pericial caligráfica en el marco de sus diligencias de investigación. La AP declaró la nulidad del cuerpo de escritura por no haberse respetado las normas de procedimiento y por haber causado indefensión al imputado. Como consecuencia de dicha nulidad, absuelve al acusado al no haber más prueba y recurre el Ministerio Fiscal, alegando que “el investigado no estuvo detenido, no alegó ningún acto coactivo en el momento de prestar su testimonio y, en fin, no propuso durante el juicio oral prueba pericial alguna. Concluye que las diligencias del Fiscal, según el art. 5 del EOMF, gozan de presunción de autenticidad”.


El TS confirma el criterio de la AP y resulta interesante porque realiza un análisis de nuestro sistema procesal de investigación penal y de las garantías que deben reunir las diligencias preprocesales que puede realizar el Ministerio Fiscal. No es que dicha diligencia –formación del cuerpo de escritura- no pudiera hacerse en la fase preprocesal. Es que debe practicarse con todas las garantías que en la fase judicial de instrucción: asistencia letrada, y por tanto con el estatuto defensivo previsto en el art. 118 Lecrim que enumera un elenco de derechos que no pueden ser renunciados en la fase preprocesal de investigación efectuada por el Ministerio Fiscal. Y así también lo dice la Directiva 2016/343, relativa al derecho a la presunción de inocencia, cuya eficacia exige como presupuesto el adecuado ejercicio del derecho de defensa, extiende su aplicación “…a las personas físicas que sean sospechosas o acusadas en procesos penales… declarando aplicable sus previsiones a todas las fases del proceso penal”

En definitiva, dichas diligencias son practicadas por un poder del Estado y por tanto debe regir el mismo régimen de garantías que en el proceso penal para prevenir cualquier exceso y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.


lunes, 13 de marzo de 2017

Conclusiones del Art. 324 LECRIM

1.-Naturaleza procesa de los plazos

Sujetos al régimen establecido para los plazos procesales por la LOPJ (art. 182.1, 183 184.1 y 185.1), la LECrim (art. 201) y supletoriamente por la LEC (135,151.2, 162 y el CCiv.(artículo. 5).

2.- Ámbito de aplicación

Se aplican a las diligencias previas y al sumario. 

Se excluyen: Diligencias urgentes/juicios rápidos. Delitos leves. Tribunal del Jurado. Aceptación por Decreto. Diligencias de investigación del Fiscal. Proceso de menores.

3.- Clases de instrucción

A-Instrucción sencilla: 

Puede razonablemente completarse en el plazo de seis meses y, ni inicialmente ni por causa sobrevenida, presenta alguna circunstancia determinante de complejidad de las referidas en el art. 324.2, 2º párrafo LECrim. 

B-Instrucción compleja: 

No puede razonablemente completarse en el plazo de seis meses, con plazo inicial de dieciocho meses, y será:
  • la que en su comienzo es calificada compleja de oficio por el juez (o a instancia del Ministerio Fiscal) por concurrir alguna de las circunstancias 324.2, 2ºp., (con audiencia de las partes).
  • la que en principio es declarada sencilla y surgen circunstancias sobrevenidas a la investigación que impiden pueda razonablemente completarse en seis meses. (causas ad intra a la investigación, no las que provienen de un déficit estructural de organización o de medios de la Administración de Justicia, ni otras residenciables en ésta o en sus instituciones).
O concurran de forma sobrevenida algunas de las circunstancias previstas en el 324.2, 2º p., (siempre a instancia del Ministerio Fiscal previa audiencia de las partes).

4.- Los plazos: 

A-prórrogas:

Las causas sencillas no son prorrogables, salvo plazo excepcional del art. 324.4. por concurrir razones que lo justifiquen.

La Acusación Particular y la Defensa podrán acudir al plazo excepcional (324.4) tanto por causas ad intra a la investigación como ad extra, ya que no pueden hacer uso de la declaración de complejidad.

El Ministerio Fiscal podrá acudir al plazo excepcional (324.4) sólo cuando concurran causas ad extra a la investigación, ya que puede solicitar la declaración de complejidad, y su prórroga, si surgen causas en la investigación que impidan terminarla.

Todas las partes pueden acudir a dicho plazo excepcional en caso de necesitar diligencias de investigación complementarias de los arts. 627 y 780 Lecrim.

Las causas complejas son prorrogables con una prórroga ordinaria de hasta 18 meses.

Además, se podrá acudir al plazo excepcional (324.4), con las mismas limitaciones subjetivas y objetivas vistas para las causas sencillas.

B- Consecuencias de la no petición de plazo excepcional, transcurridos los plazos ordinarios y la prórroga en las complejas.
  • De no instar la fijación de plazo máximo (324.4) no podrán interesar las diligencias de investigación complementarias previstas en los artículos 627 y 780 de la LECrim. Acordadas, continúan sujetas a plazo, al reabrirse la fase de instrucción. El carácter excepcional de las diligencias complementarias exige que se practiquen dentro de este plazo excepcional.
  • Se podrán interesar pruebas en el escrito de acusación con el carácter de anticipadas, siempre que no supongan la realización de diligencias de instrucción.
  • Se podrán proponer pruebas como cuestión previa al inicio de las sesiones del juicio, siempre que su práctica se ciña a éste.
  • En cuanto a la instrucción suplementaria del artículo 746.6 de la LECrim., se deberán abrir piezas separadas, cuando sea posible, y se hayan agotado todos los plazos previstos según al naturaleza de la instrucción.
C- Interrupción del cómputo. 
  • durante el tiempo en que las actuaciones estén declaradas secretas, tanto a los supuestos de declaración expresa como a los que se establecen ope legis, tras la reforma introducida por Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológicas.
  • en los supuestos en que se acuerde el sobreseimiento provisional de la causa, reanudándose por el plazo que reste cuando la causa sea reabierta.
  • mientras se llevan a cabo labores de traducción de actuaciones artículo 123.4 LECrim .
  • por el planteamiento de cuestiones prejudiciales devolutivas (arts. 4 y 5 LECrim). 
  • por el comportamiento temerario o de mala fe del propio investigado, por estar dirigidas a suscitar incidentes con la finalidad de agotar el plazo instructorio (art. 11.2 LOPJ).
  • respecto de los investigados que se encuentran en busca y captura, y de forma previa a ser declarados rebeldes, se paraliza respecto a ellos desde la busca, lo que se verá confirmado con el Auto que les declare rebeldes.(de conformidad con la interpretación del cómputo de los plazos para la prescripción del delito).
5.- Consecuencias del transcurso de los plazos respecto de las diligencias de investigación

A- Las acordadas antes del transcurso de los plazos legales serán válidas, siempre que no dependa directamente del instructor el practicarlas dentro del plazo (periciales complejas, comisiones rogatorias, exhortos..), debiendo practicar dentro de plazo las que si dependan del instructor (testificales), al disponer el 324.7 "sin perjuicio de su recepción".

B- Las acordadas después del transcurso de los plazos legales serán irregulares, no ilícitas, y supondrán:
  • dilaciones indebidas 
  • responsabilidad disciplinaria en caso de inactividad relevante
En cuanto a si pueden ser anuladas, el art. 242 LOPJ, establece que “las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido sólo podrán anularse si lo impusiere la naturaleza del término o plazo.”

Sin embargo, si las pruebas son exculpatorias, ninguna incidencia puede tener el realizarlas fuera de plazo.

Si son inculpatorias, cabe la subsanación en el Plenario, que es donde adquieren su valor real.

En caso de no poder llevarse a efecto en el Plenario, tampoco cabría su nulidad por cuanto el texto normativo (a diferencia del anteproyecto de 2011) no declara que sean inválidas.

C- En los casos concretos de revocación de la declaración de complejidad de la causa en apelación o de declaración de nulidad de actuaciones, no hubo una posición concreta sobre los efectos respecto a la validez o no de las diligencias realizadas en el periodo declarado nulo o durante la complejidad revocada en segunda instancia.

Jurisprudencia TS sobre las reformas penales

TRANSITORIO

-DISPOSICIÓN TRANSITORIA IV:

13/2016

534/2016

773/2016

809/2016

ACUMULACIÓN CONDENAS:


Acuerdo 3 febrero 2016

531/2016

REVISIÓN SENTENCIAS. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA


346/2016

807/2016

CONCURSO MEDIAL

330/2016

95/2016

APELACIÓN SENTENCIAS AP


642/2016

CASACIÓN

Acuerdo 9 junio 2016

SUSTANTIVO

PERSONAS JURÍDICAS

154/2016

221/2016

516/2016

MEDIOS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

610/2016

204/2016

APROPIACIÓN INDEBIDA/ADMINISTRACIÓN DESLEAL

163/2016

700/2016

ABUSOS SEXUALES

850/2016

782/2016

299/2016

TRATA SERES HUMANOS

Acuerdo Pleno 31 mayo

DECOMISO

532/2016

DATOS RESERVADOS

586/2016

CONFORMIDAD SUMARIO

808/2016


Estatuto de las víctimas un año después

Estatuto de las víctimas un año después

Deberes positivos del Estado y Derecho penal en la jurisprudencia del TEDH. Carmen Tomás-Valiente

Deberes positivos del Estado y Derecho penal en la jurisprudencia del TEDH 

Carmen Tomás-Valiente Lanuza
Universitat de les Illes Balear


La arbitrariedad del no punir. Francesco Viganò

La arbitrariedad del no punir. Sobre las obligaciones de tutela penal de los derechos fundamentales

Francesco Viganò 
Catedrático de derecho penal en la Università degli Studi di Milano, Italia.

Tanto la Corte interamericana de San José cuanto el Tribunal europeo de derechos humanos de Estrasburgo han desarrollado la idea según la cual del deber estatal de “respetar” los derechos reconocidos en las respectivas convenciones institutivas derivaría una obligación de tutelar penalmente, cuanto menos los más fundamentales de tales derechos. Más en particular, los Estados tendrían no solo el deber convencional de incriminar las conductas lesivas de los derechos a la vida, a no ser sometido a tortura, a la libertad personal y sexual, etc., sino también el deber de investigar las conductas agresivas de tales derechos – ejecutadas por funcionarios públicos o por particulares–, de perseguir penalmente a los sujetos individualizados como responsables y de sancionarlos con penas proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos. La presente contribución analiza la jurisprudencia paralela de las dos Cortes en la materia y los argumentos más recurrentes utilizados en sus respectivas sentencias, y luego se cuestiona sobre la problemática justificación de tal cambio de paradigma en la función tradicionalmente atribuida a los derechos humanos en el discurso penal, que de instrumento de defensa del individuo contra la potestad punitiva estatal se convierten acá en un factor que reclama la intervención del derecho penal frente a la elección estatal de no punir.