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domingo, 1 de abril de 2018

Bienvenidas/os al Blog de la Comisión Penal de Jueces para la Democracia

Bienvenidas/os al Blog de la Comisión Penal de Jueces para la Democracia, un espacio para compartir novedades legislativas, análisis, informes y estudios de actualidad penal, así como una selección de la más interesante y novedosa jurisprudencia de ámbito nacional y europeo.

Tratamos de facilitar el acceso a nuestros contenidos, ordenados temporalmente, desde la mas reciente, con el tesauro de VOCES disponible en el lateral derecho de la página.

La Comisión de penal publica tres boletines anuales con gran parte de los contenidos de este Blog. Accede a los Boletines

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martes, 14 de marzo de 2017

STS 980/16 de 11 de enero de 2017

El caso es el siguiente: Se acusó a un agente de la policía local por delito continuado de falsedad documental. El Ministerio Fiscal había realizado cuerpo de escritura y la pericial caligráfica en el marco de sus diligencias de investigación. La AP declaró la nulidad del cuerpo de escritura por no haberse respetado las normas de procedimiento y por haber causado indefensión al imputado. Como consecuencia de dicha nulidad, absuelve al acusado al no haber más prueba y recurre el Ministerio Fiscal, alegando que “el investigado no estuvo detenido, no alegó ningún acto coactivo en el momento de prestar su testimonio y, en fin, no propuso durante el juicio oral prueba pericial alguna. Concluye que las diligencias del Fiscal, según el art. 5 del EOMF, gozan de presunción de autenticidad”.

El TS confirma el criterio de la AP y resulta interesante porque realiza un análisis de nuestro sistema procesal de investigación penal y de las garantías que deben reunir las diligencias preprocesales que puede realizar el Ministerio Fiscal. No es que dicha diligencia –formación del cuerpo de escritura- no pudiera hacerse en la fase preprocesal. Es que debe practicarse con todas las garantías que en la fase judicial de instrucción: asistencia letrada, y por tanto con el estatuto defensivo previsto en el art. 118 Lecrim que enumera un elenco de derechos que no pueden ser renunciados en la fase preprocesal de investigación efectuada por el Ministerio Fiscal. Y así también lo dice la Directiva 2016/343, relativa al derecho a la presunción de inocencia, cuya eficacia exige como presupuesto el adecuado ejercicio del derecho de defensa, extiende su aplicación “…a las personas físicas que sean sospechosas o acusadas en procesos penales… declarando aplicable sus previsiones a todas las fases del proceso penal”

En definitiva, dichas diligencias son practicadas por un poder del Estado y por tanto debe regir el mismo régimen de garantías que en el proceso penal para prevenir cualquier exceso y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.


lunes, 13 de marzo de 2017

Conclusiones del Art. 324 LECRIM

1.-Naturaleza procesa de los plazos

Sujetos al régimen establecido para los plazos procesales por la LOPJ (art. 182.1, 183 184.1 y 185.1), la LECrim (art. 201) y supletoriamente por la LEC (135,151.2, 162 y el CCiv.(artículo. 5).

2.- Ámbito de aplicación

Se aplican a las diligencias previas y al sumario. 

Se excluyen: Diligencias urgentes/juicios rápidos. Delitos leves. Tribunal del Jurado. Aceptación por Decreto. Diligencias de investigación del Fiscal. Proceso de menores.

3.- Clases de instrucción

A-Instrucción sencilla: 

Puede razonablemente completarse en el plazo de seis meses y, ni inicialmente ni por causa sobrevenida, presenta alguna circunstancia determinante de complejidad de las referidas en el art. 324.2, 2º párrafo LECrim. 

B-Instrucción compleja: 

No puede razonablemente completarse en el plazo de seis meses, con plazo inicial de dieciocho meses, y será:
  • la que en su comienzo es calificada compleja de oficio por el juez (o a instancia del Ministerio Fiscal) por concurrir alguna de las circunstancias 324.2, 2ºp., (con audiencia de las partes).
  • la que en principio es declarada sencilla y surgen circunstancias sobrevenidas a la investigación que impiden pueda razonablemente completarse en seis meses. (causas ad intra a la investigación, no las que provienen de un déficit estructural de organización o de medios de la Administración de Justicia, ni otras residenciables en ésta o en sus instituciones).
O concurran de forma sobrevenida algunas de las circunstancias previstas en el 324.2, 2º p., (siempre a instancia del Ministerio Fiscal previa audiencia de las partes).

4.- Los plazos: 

A-prórrogas:

Las causas sencillas no son prorrogables, salvo plazo excepcional del art. 324.4. por concurrir razones que lo justifiquen.

La Acusación Particular y la Defensa podrán acudir al plazo excepcional (324.4) tanto por causas ad intra a la investigación como ad extra, ya que no pueden hacer uso de la declaración de complejidad.

El Ministerio Fiscal podrá acudir al plazo excepcional (324.4) sólo cuando concurran causas ad extra a la investigación, ya que puede solicitar la declaración de complejidad, y su prórroga, si surgen causas en la investigación que impidan terminarla.

Todas las partes pueden acudir a dicho plazo excepcional en caso de necesitar diligencias de investigación complementarias de los arts. 627 y 780 Lecrim.

Las causas complejas son prorrogables con una prórroga ordinaria de hasta 18 meses.

Además, se podrá acudir al plazo excepcional (324.4), con las mismas limitaciones subjetivas y objetivas vistas para las causas sencillas.

B- Consecuencias de la no petición de plazo excepcional, transcurridos los plazos ordinarios y la prórroga en las complejas.
  • De no instar la fijación de plazo máximo (324.4) no podrán interesar las diligencias de investigación complementarias previstas en los artículos 627 y 780 de la LECrim. Acordadas, continúan sujetas a plazo, al reabrirse la fase de instrucción. El carácter excepcional de las diligencias complementarias exige que se practiquen dentro de este plazo excepcional.
  • Se podrán interesar pruebas en el escrito de acusación con el carácter de anticipadas, siempre que no supongan la realización de diligencias de instrucción.
  • Se podrán proponer pruebas como cuestión previa al inicio de las sesiones del juicio, siempre que su práctica se ciña a éste.
  • En cuanto a la instrucción suplementaria del artículo 746.6 de la LECrim., se deberán abrir piezas separadas, cuando sea posible, y se hayan agotado todos los plazos previstos según al naturaleza de la instrucción.
C- Interrupción del cómputo. 
  • durante el tiempo en que las actuaciones estén declaradas secretas, tanto a los supuestos de declaración expresa como a los que se establecen ope legis, tras la reforma introducida por Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológicas.
  • en los supuestos en que se acuerde el sobreseimiento provisional de la causa, reanudándose por el plazo que reste cuando la causa sea reabierta.
  • mientras se llevan a cabo labores de traducción de actuaciones artículo 123.4 LECrim .
  • por el planteamiento de cuestiones prejudiciales devolutivas (arts. 4 y 5 LECrim). 
  • por el comportamiento temerario o de mala fe del propio investigado, por estar dirigidas a suscitar incidentes con la finalidad de agotar el plazo instructorio (art. 11.2 LOPJ).
  • respecto de los investigados que se encuentran en busca y captura, y de forma previa a ser declarados rebeldes, se paraliza respecto a ellos desde la busca, lo que se verá confirmado con el Auto que les declare rebeldes.(de conformidad con la interpretación del cómputo de los plazos para la prescripción del delito).
5.- Consecuencias del transcurso de los plazos respecto de las diligencias de investigación

A- Las acordadas antes del transcurso de los plazos legales serán válidas, siempre que no dependa directamente del instructor el practicarlas dentro del plazo (periciales complejas, comisiones rogatorias, exhortos..), debiendo practicar dentro de plazo las que si dependan del instructor (testificales), al disponer el 324.7 "sin perjuicio de su recepción".

B- Las acordadas después del transcurso de los plazos legales serán irregulares, no ilícitas, y supondrán:
  • dilaciones indebidas 
  • responsabilidad disciplinaria en caso de inactividad relevante
En cuanto a si pueden ser anuladas, el art. 242 LOPJ, establece que “las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido sólo podrán anularse si lo impusiere la naturaleza del término o plazo.”

Sin embargo, si las pruebas son exculpatorias, ninguna incidencia puede tener el realizarlas fuera de plazo.

Si son inculpatorias, cabe la subsanación en el Plenario, que es donde adquieren su valor real.

En caso de no poder llevarse a efecto en el Plenario, tampoco cabría su nulidad por cuanto el texto normativo (a diferencia del anteproyecto de 2011) no declara que sean inválidas.

C- En los casos concretos de revocación de la declaración de complejidad de la causa en apelación o de declaración de nulidad de actuaciones, no hubo una posición concreta sobre los efectos respecto a la validez o no de las diligencias realizadas en el periodo declarado nulo o durante la complejidad revocada en segunda instancia.

Jurisprudencia TS sobre las reformas penales

TRANSITORIO

-DISPOSICIÓN TRANSITORIA IV:

13/2016

534/2016

773/2016

809/2016

ACUMULACIÓN CONDENAS:


Acuerdo 3 febrero 2016

531/2016

REVISIÓN SENTENCIAS. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA


346/2016

807/2016

CONCURSO MEDIAL

330/2016

95/2016

APELACIÓN SENTENCIAS AP


642/2016

CASACIÓN

Acuerdo 9 junio 2016

SUSTANTIVO

PERSONAS JURÍDICAS

154/2016

221/2016

516/2016

MEDIOS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

610/2016

204/2016

APROPIACIÓN INDEBIDA/ADMINISTRACIÓN DESLEAL

163/2016

700/2016

ABUSOS SEXUALES

850/2016

782/2016

299/2016

TRATA SERES HUMANOS

Acuerdo Pleno 31 mayo

DECOMISO

532/2016

DATOS RESERVADOS

586/2016

CONFORMIDAD SUMARIO

808/2016


Estatuto de las víctimas un año después

Estatuto de las víctimas un año después

Deberes positivos del Estado y Derecho penal en la jurisprudencia del TEDH. Carmen Tomás-Valiente

Deberes positivos del Estado y Derecho penal en la jurisprudencia del TEDH 

Carmen Tomás-Valiente Lanuza
Universitat de les Illes Balear


La arbitrariedad del no punir. Francesco Viganò

La arbitrariedad del no punir. Sobre las obligaciones de tutela penal de los derechos fundamentales

Francesco Viganò 
Catedrático de derecho penal en la Università degli Studi di Milano, Italia.

Tanto la Corte interamericana de San José cuanto el Tribunal europeo de derechos humanos de Estrasburgo han desarrollado la idea según la cual del deber estatal de “respetar” los derechos reconocidos en las respectivas convenciones institutivas derivaría una obligación de tutelar penalmente, cuanto menos los más fundamentales de tales derechos. Más en particular, los Estados tendrían no solo el deber convencional de incriminar las conductas lesivas de los derechos a la vida, a no ser sometido a tortura, a la libertad personal y sexual, etc., sino también el deber de investigar las conductas agresivas de tales derechos – ejecutadas por funcionarios públicos o por particulares–, de perseguir penalmente a los sujetos individualizados como responsables y de sancionarlos con penas proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos. La presente contribución analiza la jurisprudencia paralela de las dos Cortes en la materia y los argumentos más recurrentes utilizados en sus respectivas sentencias, y luego se cuestiona sobre la problemática justificación de tal cambio de paradigma en la función tradicionalmente atribuida a los derechos humanos en el discurso penal, que de instrumento de defensa del individuo contra la potestad punitiva estatal se convierten acá en un factor que reclama la intervención del derecho penal frente a la elección estatal de no punir.


Los Derechos fundamentales a la protección penal. Gabriel Doménech Pascual

Los Derechos fundamentales a la protección penal

Gabriel Doménech Pascual

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Errores conceptuales en la estimación de riesgo de reincidencia. Lucía Martínez Garay

Errores conceptuales en la estimación de riesgo de reincidencia. La importancia de diferenciar sensibilidad y valor predictivo, y estimaciones de riesgo absolutas y relativas.

Lucía Martínez Garay

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La incertidumbre de los pronósticos de peligrosidad. Lucía Martínez Garay

La incertidumbre de los pronósticos de peligrosidad: consecuencias para la dogmática de las medidas de seguridad.

Lucía Martínez Garay

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SJUE Asuntos 203/2015 y 698/2015 de 21 de diciembre de 2016. Nota de prensa del Tribunal

Conservación de datos de comunicaciones electrónicas

En otros muchos países la normativa que implementó la Directiva 2006 ya había sido anulada o declarada constitucional tras el fallo del TJUE de 8 de abril de 2014. En España es uno de los pocos países en los que las cosas no cambiaron a pesar de la claridad de aquel pronunciamiento. Nos resta ahora por determinar si nuestros tribunales nacionales pueden incorporar al proceso penal los datos conservados contra el derecho de la Unión y si esos datos pueden adquirir el valor de prueba.

Los Estados miembros no pueden imponer una obligación general de conservación de datos a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas.

El Derecho de la Unión se opone a una conservación generalizada e indiferenciada de los datos de tráfico y de localización, pero los Estados miembros podrán establecer, con carácter preventivo, una conservación selectiva de esos datos con la única finalidad de luchar contra la delincuencia grave, siempre que tal conservación se limite a lo estrictamente necesario por lo que se refiere a las categorías de datos que deban conservarse, los medios de comunicación a que se refieran, las personas afectadas y el período de conservación establecido. El acceso de las autoridades nacionales a los datos conservados debe estar sujeto a requisitos, entre los que se encuentran en particular un control previo por una autoridad independiente y la conservación de los datos en el territorio de la Unión.

En su sentencia Digital Rights Ireland de 2014, el Tribunal de Justicia declaró la invalidez de la Directiva relativa a la conservación de datos debido a que la injerencia que supone la obligación general de conservar datos de tráfico y de localización, impuesta por ésta, en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales no estaba limitada a lo estrictamente necesario.

A raíz de dicha sentencia, se plantearon ante el Tribunal de Justicia dos asuntos en relación con la obligación general impuesta, en Suecia y en el Reino Unido, a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de conservar los datos relativos a las comunicaciones, cuya conservación estaba prevista por la Directiva invalidada.

Al día siguiente del pronunciamiento de la sentencia Digital Rights Ireland, la empresa de telecomunicación Tele2 Sverige notificó a la autoridad sueca de control de los servicios de correos y telecomunicaciones su decisión de no seguir conservando los datos y su intención de suprimir los datos ya registrados (asunto C 203/15). El Derecho sueco obliga en efecto a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas a conservar de modo sistemático y continuado, sin ninguna excepción, todos los datos de tráfico y de localización de todos sus abonados y usuarios registrados en relación con todos los medios de comunicación electrónica.

En el asunto C 698/15, los Sres. Tom Watson, Peter Brice y Geoffrey Lewis interpusieron recursos contra la normativa británica de conservación de datos que permite al Ministro del Interior obligar a los operadores de telecomunicaciones públicas a conservar todos los datos relativos a las comunicaciones durante un período máximo de doce meses, estando excluida la conservación del contenido de esas comunicaciones.

El Kammarrätten i Stockholm (Tribunal de Apelación de lo Contencioso-Administrativo de Estocolmo, Suecia) y la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y País de Gales) (Sección de lo Civil), Reino Unido] solicitan al Tribunal de Justicia que indique si las normativas nacionales que imponen a los proveedores una obligación general de conservación de datos y que prevén el acceso de las autoridades nacionales competentes a los datos conservados sin limitar este acceso a los casos de lucha contra la delincuencia grave y sin supeditar el acceso a un control previo por un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa independiente, son compatibles con el Derecho de la Unión (en el presente caso, la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, interpretada a la luz de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE).

En la sentencia que se dicta hoy, el Tribunal de Justicia responde que el Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional que establece la conservación generalizada e indiferenciada de los datos.

El Tribunal de Justicia confirma, en primer lugar, que las medidas nacionales controvertidas están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva. En efecto, la protección de la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas y de los datos de tráfico, garantizada por la Directiva, se aplica a las medidas adoptadas por toda persona distinta de los usuarios, ya sean personas físicas o entidades privadas o públicas.

El Tribunal de Justicia declara, a continuación, que, si bien dicha Directiva permite a los Estados miembros limitar el alcance de la obligación de principio de garantizar la confidencialidad de las comunicaciones y de los datos de tráfico relativos a ellas, no puede justificar que la excepción a esta obligación de principio y, en particular, a la prohibición de almacenar esos datos, prevista en ella, se convierta en la regla.

Además, el Tribunal de Justicia recuerda su reiterada jurisprudencia conforme a la cual la protección del derecho fundamental al respeto de la vida privada exige que las excepciones a la protección de los datos personales no excedan de lo estrictamente necesario. El Tribunal de Justicia aplica esta jurisprudencia a las normas que regulan la conservación de datos y a las que regulan el acceso a los datos conservados.

El Tribunal de Justicia señala, por lo que se refiere a la conservación, que los datos conservados considerados en su conjunto permiten extraer conclusiones muy precisas sobre la vida privada de las personas cuyos datos se han conservado.

Por tanto, la injerencia que resulta de una normativa nacional que establece la conservación de los datos de tráfico y de localización debe considerarse especialmente grave. El hecho de que la conservación de los datos se efectúe sin que los usuarios de los servicios de comunicaciones electrónicas hayan sido informados de ello puede generar en las personas afectadas el sentimiento de que su vida privada es objeto de una vigilancia constante. En consecuencia, sólo la lucha contra la delincuencia grave puede justificar tal injerencia.

El Tribunal de Justicia señala que una normativa que establece la conservación generalizada e indiferenciada de los datos no exige ninguna relación entre los datos cuya conservación se establece y una amenaza para la seguridad pública y no se limita, en particular, a prever una conservación de datos referentes a un período temporal, una zona geográfica o un círculo de personas que puedan estar implicadas en un delito grave. Tal normativa nacional excede, por tanto, de los límites de lo estrictamente necesario y no puede considerarse justificada en una sociedad democrática, como exige la Directiva, interpretada a la luz de la Carta.

El Tribunal de Justicia aclara, en cambio, que la Directiva no se opone a una normativa nacional que imponga la conservación selectiva de datos con la finalidad de luchar contra la delincuencia grave, siempre que tal conservación esté limitada a lo estrictamente necesario en relación con las categorías de datos que deban conservarse, los medios de comunicación a que se refieran, las personas afectadas y el período de conservación establecido. Según el Tribunal de Justicia, toda normativa nacional que vaya en este sentido debe ser clara y precisa y prever garantías suficientes a fin de proteger los datos frente a los riesgos de abuso. Debe indicar en qué circunstancias y con arreglo a qué requisitos puede adoptarse, con carácter preventivo, una medida de conservación de datos, de modo que se garantice el alcance de esta medida esté efectivamente limitado, en la práctica, a lo estrictamente necesario. En particular, tal normativa debe basarse en elementos objetivos que permitan dirigirse a las personas cuyos datos puedan presentar una relación con delitos graves, contribuir a la lucha contra la delincuencia grave o prevenir un riesgo grave para la seguridad pública.

Por lo que se refiere al acceso de las autoridades nacionales competentes a los datos conservados, el Tribunal de Justicia confirma que la normativa nacional de que se trata no puede limitarse a exigir que el acceso responda a alguno de los objetivos contemplados en la Directiva, ni siquiera el de la lucha contra la delincuencia grave, sino que debe establecer también los requisitos materiales y procedimentales que regulen el acceso de las autoridades nacionales competentes a los datos conservados. Esta normativa debe basarse en criterios objetivos para definir las circunstancias y los requisitos conforme a los cuales debe concederse a las autoridades nacionales competentes el acceso a los datos. En principio sólo podrá concederse un acceso en relación con el objetivo de la lucha contra la delincuencia a los datos de personas de las que se sospeche que planean, van a cometer o han cometido un delito grave o que puedan estar implicadas de un modo u otro en un delito grave. No obstante, en situaciones particulares, como aquellas en las que intereses vitales de la seguridad nacional, la defensa o la seguridad pública estén amenazados por actividades terroristas, podría igualmente concederse el acceso a los datos de otras personas cuando existan elementos objetivos que permitan considerar que esos datos podrían, en un caso concreto, contribuir de modo efectivo a la lucha contra tales actividades.

Además, el Tribunal de Justicia considera que es esencial que el acceso a los datos conservados esté sujeto, salvo en caso de urgencia, a un control previo de un órgano jurisdiccional o de una entidad independiente. Por otro lado, las autoridades nacionales competentes a las que se conceda el acceso a los datos conservados deberán informar de ello a las personas afectadas.

Habida cuenta de la cantidad de datos conservados, del carácter sensible de esos datos y del riesgo de acceso ilícito a éstos, la normativa nacional debe prever que los datos se conserven en el territorio de la Unión y que se destruyan definitivamente al término del período de conservación de éstos.


STS 4/2017 DE 18 de enero de 2017

Casa la sentencia de la AN que absolvía al cantante de los Def con Dos por unos twitts, y le condena como autor de un delito de enaltecimiento al terrorismo y humillación a las víctimas del terrorismo.

Los mensajes por los que ahora el Supremo le ha condenado son los siguientes:

- “A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora.
- Cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco. 
- Ya casi es el cumpleaños del Rey. ¡Que emoción!. Otro usuario le dice: "ya tendrás el regalo preparado no? Qué le vas a regalar? A lo que contesta: "un roscón-bomba".
- Franco, Serrano Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar... Si no les das lo que a Carrero Blanco, la longevidad se pone siempre de su lado".
- "Street Fighter, edición post ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina"
- "El fascismo sin complejos de Aguirre me hace añorar hasta los GRAPO".

La condena se basa en el discurso del odio que ya venía el Supremo recogiendo en anteriores sentencias, por ejemplo la 820/2016 (ponente Antonio del Moral) que ya remitimos a esta comisión penal y en la que se decía que “Objetivamente las frases encierran esa carga ofensiva para algunas víctimas y laudatoria y estimuladora del terrorismo que a nadie escapa. Las explicaciones a posteriori no tienen capacidad para desvirtuarlas. No están presentes en el mensaje que es percibido por sus numerosos receptores sin esas modulaciones o disculpas adicionales. Y eso necesariamente era captado por el recurrente. Ciertamente en ocasiones probar la inocencia se convierte en una tarea imposible (probatio diabólica) pero no tanto porque el Tribunal imponga una carga desmesurada e improcedente, sino porque los hechos aparecen con tal evidencia que se torna tarea hercúlea desmontarla. El delincuente in fraganti tropieza con un muro insorteable para convencer de su supuesta inocencia al Tribunal. Pero eso es así no por una aplicación indebida de las reglas sobre la carga de la prueba sino por la misma forma de aparición del suceso. En delitos de expresión en que el mensaje, objetivamente punible, ha quedado fijado, una vez aceptada la autoría, se complica evidentemente la posibilidad de eludir la condena. Nada reprochable ha de verse en ello. Los hechos han sido probados y ciertamente desde ahí se hace muy difícil encontrar una disculpa razonable que sea convincente”. Prescinde del contexto, intención y demás circunstancias que rodean el mensaje, creando un tipo objetivo. 

De hecho, en los hechos probados de la sentencia de la AN se dice expresamente que no se ha acreditado que el acusado con los mensajes buscara defender los postulados de una organización terrorista ni tampoco buscase despreciar o humillar a las víctimas. Y la defensa alegó que en estas condiciones era imposible revocar la absolución ya que en los hechos privados se decía expresamente que no concurría el elemento subjetivo del tipo. Y el TS resuelve diciendo que la intención del autor no forma parte del delito (tipo subjetivo) de enaltecimiento del terrorismo. Basta con la reiteración consciente de esos mensajes a través de una cuenta de twitter, para descartar cualquier duda acerca de si el autor captó con el dolo los elementos del tipo objetivo. Es decir, para el Supremo, escribir ese mensaje ya implica asumir como propia la justificación de una forma violenta de resolver las diferencias políticas y lo consideran enaltecimiento del terrorismo. En cuanto a la humillación a las víctimas del terrorismo, considera que si las expresiones pueden constituir una burla ya es delito. 

Considera que dichas expresiones objetivamente consideradas y con independencia de la intención, finalidad o perfil del autor (aunque sea realmente un pacifista o un artista que recurra en su dimensión artística a la ironía, a la crítica, al sarcasmo, a la provocación…), alimentan sin más el discurso del odio, legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales y, lo que es más importante, obligan a la víctima al recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el asesinato de un familiar cercano.

Voto particular, de Perfecto Andrés Ibáñez, que considera que ningún derecho penal de inspiración constitucional y democrática puede ser potestativamente expansivo. Que las expresiones forman, pues, parte de una manera difusa de reaccionar, de contestar, aquí exclusivamente en el plano del lenguaje, la cultura de un establishment del que, no sin razón, se consideran excluidos… Son exabruptos que se agotan en sí mismos carecen, por su propia morfología y por razón del contexto y del fin, de la menor posibilidad de conexión práctica con algún tipo de actores y de acciones técnico-jurídicamente susceptibles de ser consideradas terroristas. En cualquier caso, pero más en el momento de nuestro país en que fueron escritas y difundidas. … Es, por decirlo con el vocablo a mi juicio más adecuado, un modo de épater. Esto es, de provocar o de escandalizar (como explica un diccionario sumamente autorizado). No van, ni debe llevárselas, más allá. Y que no tienen aptitud para estimular la práctica de las acciones descritas en los arts. 571 a 577 C penal.