domingo, 1 de abril de 2018

Bienvenidas/os al Blog de la Comisión Penal de Juezas y Jueces para la Democracia

Bienvenidas/os al Blog de la Comisión Penal de Juezas y Jueces para la Democracia, un espacio para compartir novedades legislativas, análisis, informes y estudios de actualidad penal, así como una selección de la más interesante y novedosa jurisprudencia de ámbito nacional y europeo.

Tratamos de facilitar el acceso a nuestros contenidos, ordenados temporalmente, desde la mas reciente, con el tesauro de VOCES disponible en el lateral derecho de la página.

La Comisión de penal publica tres boletines anuales con gran parte de los contenidos de este Blog.
Accede a los Boletines 

Para más información, contáctanos en jpd@juecesdemocracia.es

lunes, 26 de marzo de 2018

Acuerdo TS de 21 de enero de 2018

Alcance de dispensa del art. 416 LECr.

STS 102/2018 de 12 de marzo de 2018

STS 102/18 de 12/3STS de Pleno de unificación de doctrina (102/2018) sobre el alcance de la pena de prohibición de acudir a determinados lugares prevista en el artículo 48 en relación con el 57 CP. El tema que se planteaba era si esta prohibición debía estar relacionada siempre con una víctima o no era necesario. Por ejemplo, si cabe imponer la prohibición de acercarse al metro, a la playa de la Barceloneta… sin vincularla a una víctima concreta. Especialmente se ha planteado en esta comisión como medida cautelar y de hecho se trató en unas jornadas en las que se expuso el caso del desalojo de Can Vies. Es cierto que el tema era distinto porque la medida cautelar de prohibición de participar en manifestaciones no tenía cobertura legal y la prohibición de acudir a determinados lugares sí la tiene. La discusión se centraba en si se podía imponer con carácter autónomo de la víctima concreta del delito o si está vinculada a su protección y por tanto no cabe imponerla de forma autónoma. El TS considera en pleno que sí. No hay votos particulares.

Los hechos son los siguientes. Condena a los dos acusados como autores de un delito de hurto intentado de un móvil a una turista en el vagón de la línea 4 del ferrocarril metropolitano de Barcelona. Se les condena a la pena de 3 meses de prisión y a la prohibición de acudir a las instalaciones del ferrocarril metropolitano de Barcelona por tiempo de 9 meses.

El TS reconoce que hay diversidad interpretativa ente las Audiencias y de ahí su interés casacional. Incluso el Ministerio Fiscal se adhiere al recurso de los condenados al considerar que es demasiado amplia la pena de prohibición impuesta de acudir a las instalaciones del ferrocarril metropolitano de Barcelona al suponer la prohibición de desplazarse en un medio de transporte tan popular y tan usado (todo el metro de Barcelona) considerando que se debería limitar al lugar de realización del hecho línea 4 parada Plaza Urquinaona.

El TS considera que lugar de comisión es el metro, lo que supone toda la red viaria, y de hecho hay medidas similares (prohibición de entrar en una determinada población).

Por otra parte considera que a diferencia de lo que ocurre con las medidas cautelares (concurrencia fines de protección de la víctima) o medida de seguridad (pronóstico de peligrosidad), cuando se impone como pena concurren otros fines (prevención especial, prevención general, contenido aflictivo) y no solamente se adoptará ante la peligrosidad (riesgo de reiteración) sino por la gravedad de la conducta: prevención especial. En el caso analizado se ha impuesto por el peligro (el art. 57 habla del peligro que el delincuente represente), peligro no referido a personas concretas, sino equiparable a peligrosidad, juicio de probabilidad que no es la reincidencia. Que en el caso lo basan en 22 denuncias y 9 detenciones por hurto en el metro con una rutina en sus desplazamientos (reiterada presencia en el metro y no siempre en días laborables).

El TS parece que abre la posibilidad de adoptar la prohibición como medida cautelar, pero la cobertura es el art. 544 bis (cuando se investigue un delito del 57 CP se podrá imponer cautelarmente y de forma motivada la prohibición de acudir a determinados lugares… Pero exigiendo como presupuesto cuando resulte estrictamente necesario al fin de protección de la víctima, lo que impediría la protección de potenciales posibles víctimas futuras.

Accede a la sentencia

STEDH caso Stern Taulats y Roura Capellera c. España, de 13 de marzo de 2018

Sentencia en francés de la STEDH que considera que quemar fotos del Rey forma parte del derecho a la libertad de expresión. Condena a España por imponer una pena de prisión a los manifestantes de Girona condenados en el año 2007

​Considera que el acto de los demandantes era una crítica política de la monarquia. El acto se había organizado y celebrado en un contexto en el que se estaban debatiendo cuestiones de interés general como la independencia de Catalunya, la estructura monárquica del Estado y una crítica al Rey como símbolo de la nación espanyola. No era un ataque personal al Rey y no estaba destinado a insultarle, sino que se le criticaba porque representa el aparato estatal y a las fuerzas que habían ocupado Catalunya según los manifestantes. Entra dentro del ámbito de la crítica política y la disidencia.

Asimismo, considera que no hubo incitación al odio o a la violencia y que el acto de la quema de una fotografia al Rey quería atraer la atención de los medios de comunicación, utilizando una provocación  permisible para transmitir un mensaje crítico en el contexto de la libertad de expresión. No hubo intención de incitar a nadie a cometer actos de violencia contra el Rey sino que era una expresión simbólica de la insatisfacción y protesta, expresar una opinión en un debate sobre un tema de interés político. En ese contexto formaba parte de  la libertad de expresión y de transmisión de ideas que pueden ofender o perturbar. Eso es una exigencia del pluralismo, la tolerancia y la amplitud de miras, sin la cual no existe una "sociedad democrática.

Finalmente, considera que la pena de prisión si no se paga la multa (responsabilidad personal subsidiaria) es desproporcionada al objetivo legítimo perseguido o necesario en una sociedad democrática.

Establece parámetros interesantes para interpretar estos tipos de una manera racional, como 

-Valorar la intención del sujeto
-Contextualizar
-Que el acto constituya una incitación al odio o a la violencia o sea apto para ello


STEDH caso Mikhaylova c. Ucrania, de 6 de marzo de 2018


Se aborda una “condena administrativa” a cinco días de privación de libertad por expresiones ofensivas dirigidas al presidente del Tribunal por una de las partes materiales del proceso. El Tribunal analiza el conflicto desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, con una rica referencia a los últimos casos de los que ha conocido. Se  llega a la conclusión que las expresiones utilizadas por la Sra. Mikhaylova no estaban amparadas por el derecho de crítica a la actuación de los jueces. Pero se concluye que la sanción impuesta fue excesiva pues no respondió a una adecuada ponderación de las circunstancias concurrentes -condición de no profesional de quien las profirió, menor alcance ofensivo de las expresiones espetadas- ni a los fines de protección -salvaguarda de la autoridad del tribunal- que deben servir para modular la sanción.

La sentencia también identifica déficit de garantías procesales en el procedimiento sancionatorio ucraniano. Entre otras, falta de imparcialidad del tribunal que sanciona, ausencia de excitación de la acción disciplinaria por el Ministerio Fiscal y excesiva sumariedad en la tramitación. Una vez más, el TEDH pone el acento en los problemas convencionales que plantean los procedimientos sancionatorios sumarísimos -contempt of Court- de “autotutela” del honor o la autoridad del tribunal o de los jueces. No ajenos, algunos de ellos, a los que puede plantear el procedimiento ex artículos 550 y ss LOPJ.


STC 146/2017 de 14 de diciembre de 2017

El TS había casado la sentencia dictada por la AP de Vizcaya que absolvía a los integrantes de la Asociación de Estudios y Usuarios del Cáñamo EBERS del delito contra la salud pública objeto de acusación. El TS los condenó al estimar el recurso de casación del Fiscal, con varios votos particulares. Los condenados recurrieron en amparo y el Pleno del TC, en sentencia de 14 de diciembre de 2017 estimó el amparo declarando nula la sentencia de condena del TS retrotrayendo las actuaciones al momento anterior a su dictado.

El TC la considera nula porque introduce una circunstancia de oficio sin audiencia de los acusados que agrava su situación. El TS descartó que el error fuera invencible sin oír directamente a los acusados. Así, el TC considera que el hecho de que el TS considerara que los hechos probados no entraban dentro del consumo compartido, al tratarse de una divergencia estrictamente jurídica, podría perfectamente condenar sin necesidad de audiencia por no exigirlo el derecho de defensa dado el carácter exclusivamente jurídico de la cuestión. Ahora bien, lo que no debió hacer sin audiencia de los acusados es considerar que no hubo error invencible porque supone inferir el conocimiento de la antijuridicidad por los condenados y si no modifica el relato de hechos probados sí lo completa llegando a la convicción de que los recurrentes se representaron como posible la antijuridicidad de su actividad y no trataron de despejar esa duda. Es cierto que el TS abrió un trámite de audiencia a las defensas ya que el error de prohibición no había sido alegado por nadie sino que se planteó de oficio por el TS, pero debió cumplir la inmediación y la audiencia personal de los acusados.

El TS ratifica su sentencia de condena (en cuanto a la tipicidad de los hechos) al considerar que no cabe aplicar la doctrina del consumo compartido por el carácter continuo del cultivo y consumo en las Asociaciones, la forma de distribución de la sustancia en cantidades muy superiores a su consumo inmediato…Y reproduce los últimos argumentos sobre la criminalización de estas conductas.

Por otra parte, aprecia el error invencible invocado por la defensa y absuelve, alegando que dado que no han presenciado la prueba ni han oído directamente a los acusados, no pueden descartar que ese error pudiera ser invencible.

Hay un voto particular de Antonio del Moral al que se adhiere Manuel Marchena. Alegan que según el TC, sin haber oído directamente a los acusados y otras pruebas personales relacionadas, no se puede valorar si el error de prohibición es invencible o solamente vencible y atenuante de la pena. Por lo que solamente hay dos posibilidades:

-entender como ha hecho la mayoría que procede la absolución ya que como no pueden valorar la entidad del error no pueden descartar que el mismo no sea invencible. No se puede entrar en el fondo.

-o bien, reenviar el asunto a la Audiencia para que dicte nueva sentencia partiendo del carácter típico de los hechos y de la existencia de error pero que ella lo califique al haber estado en contacto directo con la prueba personal. Y ello porque si la nueva cuestión surge en la segunda instancia, no es razonable la solución de hacer como si no existiera y condenar, ni tampoco la decisión de introducirla pero como no podemos valorar de nuevo absolvemos y le damos efecto exculpatorio. Lo lógico –consideran- es que se devuelva a la Audiencia que resuelva así los temas imprejuzgados. Y así lo han venido haciendo en ocasiones aplicando la posibilidad del 901 bis a) no solamente en casos de quebrantamientos de forma sino también en los del 849.


STS 72 y 79 de 9 y 15 de febrero de 2018

Confirman las condenas de la AN a un tuitero y al rapero Valtonic.

Respecto del rapero Valtonic, la STS 79/2018 ratifica la condena de la AN por enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas, calumnias a injurias graves a la Corona y amenazas.. En una primera parte, transcribe la sentencia de condena de la AN y en la segunda parte transcribe párrafos de jurisprudencia, pero sin entrar en el detalle del caso. Únicamente referido al caso expresa que basta leer los hechos probados (que son las letras de las canciones ) para comprender la gravedad de las expresiones contenidas y su correcto encaje en los tipos penales de referencia. Ratifica por tanto la condena ya que –como dice la sentencia de la AN- las canciones incitan a la reiteración de las acciones violentas por grupos terroristas, por lo que concurre la situación de riesgo que exige la STC 112/2016.

La STS 72/2018 , ratifica la condena de un tuitero por delito de incitación al odio aunque la revoca por enaltecimiento del terrorismo. Por delito de odio respecto a twits realmente muy desagradables en los que lamenta el poco número de mujeres asesinadas en el año 2015 animando a ver si en el 2016 se puede aumentar la cifra y lindezas similares contra las mujeres. Justifica el delito de odio en el sólo discurso que contiene el mensaje de odio ya que es contrario a la convivencia sin exigir nada más. Es decir, que las meras expresiones del mensaje ya se integran sin más exigencia en la tipicidad por su gravedad y por herir los sentimientos comunes a la ciudadanía. Por el contrario, considera que no hay enaltecimiento del terrorismo ya que son manifestaciones muy genéricas que no implican peligro, no son incendiarias. Todo ello citando nuevamente la STC 112/2016.

La verdad es que la situación es alarmante por insegura. En la STS 52/2018 que ya se envió a esta comisión, en la que la AN había absuelto y el TS la había confirmado, se absolvió a un tuitero del delito de enaltecimiento del terrorismo, dando por acreditado twits como por ejemplo: “Roma acoge este sábado una cumbre de la extrema derecha europea Estando ahí juntitos...Un 'Carrero' no estaría mal… o Juan Carlos Primero, más alto que Carrero, o por ejemplo Soc només jo aixó recorda molt al 'ETA mátalos". Debajo, una imagen de dos páginas del diario La Razón, que insertaba, junto al título "Punto de mira" y el artículo "Ellos son los responsables", las fotos de setenta y dos diputados del Parlament». El TS absuelve entendiendo que no hay incitación ni indirecta, la conducta no crea ningún riesgo de comisión de delitos. Y consideran que una cosa es que el sujeto vocifere lo que desea y otra es que la expresión se haga para incitar a otros con su mensaje a cometer delitos de terrorismo. Yo me pregunto: ¿por qué las canciones de Valtonic considera el TS que se hacen para incitar a otros a cometer delitos? Eso no lo explican y no hay diferencia entre desear una bomba en una reunión concreta de la extrema derecha (caso tuitero absuelto, STS 58) o desear que explote un bus del PP (letra de Valtonic). Yo no veo la diferencia. Y en un caso se absuelve y en otro no sin explicar la razón y la diferencia de ambas expresiones que en definitiva son iguales. Pero es más, en la STS 72/2018 que absuelven por el enaltecimiento del terrorismo, se dice en los tuits que El 31 de diciembre de 2015" Ya tengo los explosivos preparados para esta noche liarla en Sol, Feliz Año, Alá es grande. El 31 de diciembre de 2015 "Ahora solo falta un atentado en Madrid, unos cuantos españoles muertos y un 2015 de puta madre." Y se considera que no hay riesgo y con las letras de Valtonic que son del mismo estilo sí.

Accede a la sentencia 72/2018

Accede a la sentencia 79/2018

STS 795/2017 de 11 de diciembre de 2017

STS 795/2017, que trata sobre un tema que con frecuencia se plantea en los juicios. Y es la renuncia en el acto del juicio oral por el acusado de su abogado/a alegando falta de confianza.

Se condena al acusado como autor de un delito continuado de abuso sexual a menor. Y recurre alegando que se vulneró su derecho de defensa porque en el acto del juicio su abogada pidió la suspensión de la vista oral alegando la falta de desconfianza del acusado en ella y que el acusado de hecho ya había iniciado los trámites para la designación de un abogado de su confianza. El Tribunal no suspendió la vista, dado que no había ningún escrito con estas alegaciones, no había comparecido el supuesto nuevo letrado, y el Tribunal se puso en contacto con su despacho profesional, comprobando que si bien el letrado tenía conocimiento del asunto, no había asumido la defensa. Dio la oportunidad a la abogada de hablar con el acusado para ver si podía continuar con su defensa, y al contestar ésta afirmativamente, el juicio se celebró.

Asimismo, se hace constar que el acusado estaba citado para el juicio el 24 de marzo y no fue sino hasta el día del juicio (2 de mayo) cuando manifestó por primera vez su intención de efectuar nueva designación de abogado, no habiendo comunicado con anterioridad esta intención.

El TS sostiene que la libre designación de Letrado no es un derecho ilimitado ya que está modulado por la obligación legal del Tribunal de rechazar aquellas solicitudes que entrañen abuso de derecho, o fraude de ley procesal, ya que la capacidad del acusado de designar a un abogado de confianza no ampara estrategias dilatorias ni actuaciones que expresen una desidia a la hora de hacer valer el propio derecho de defensa. Por lo que si bien la facultad de libre designación implica a su vez la de cambiar de Letrado cuando lo estime oportuno el interesado en defensa de sus intereses, es el Tribunal quien en cada caso tiene que ponderar qué grado de sacrificio es aceptable imponer al resto de las partes cuando alguna de ellas introduce una incidencia sorpresiva que puede perturbar el desarrollo ordinario del proceso.

En el caso desestima el recurso ya que el acusado presentó su solicitud de forma extemporánea, habiendo tenido tiempo para comunicarlo al Juzgado, no existiendo razón que justificase su desidia (por ejemplo, la situación puede ser distinta si se encuentra en prisión provisional y por tanto su acceso al Tribunal es limitado), y ni siquiera el pretendido nuevo designado estaba dispuesto a aceptar la defensa, lo que indica un ejercicio abusivo de derecho, no habiéndose producido de otra parte ninguna situación de indefensión material.

También tiene otro aspecto de interés ya que considera que la pena de libertad vigilada, aunque no la haya pedido ninguna acusación, se ha de imponer por cuanto su imposición es imperativa según art. 192 CP, según ya el Acuerdo de 27 de noviembre de 2007.

Accede a la sentencia

STS 52/29018 de 31 de enero de 2018

Remito la STS 52/2018 que me parece muy interesante porque supone consolidar la nueva interpretación del Supremo sobre el delito de enaltecimiento del terrorismo, exigiendo como elemento necesario, que sea apto para incitar a la violencia, lo que desde luego restringe un poco más la aplicación de dicho tipo delictivo tan discutido. 

La sentencia de la AN , absolvió al acusado de un delito de enaltecimiento del terrorismo del que venía siendo acusado por varios twits. Se absolvió porque los mensajes no supusieron un riesgo para el bien jurídico protegido (no incitaban a la violencia terrorista ni generaban peligro de comisión de actos violentos). El fiscal recurrente consideraba que esta interpretación se aparta de la doctrina del TS y convierte un delito de mera actividad en un delito de resultado, exigiéndose un nuevo requisito –poner en peligro concreto el bien jurídico protegido- que no exige el tipo. 

El TS dice que la STC 112/2016 ha dado paso a una nueva interpretación del 578, al considerar que el tipo penal, para no colisionar con la libertad de expresión, requiere alguna incitación aunque sea indirecta, al considerar que constituye una ilegítima injerencia en el ámbito de la libertad de expresión, una condena cuando las manifestaciones no supongan ni siquiera de manera indirecta un peligro para las personas o derechos de terceros. Esta interpretación constitucional (exigiendo ahora el elemento tendencial y el riesgo) se adecúa a la nueva Directiva 2017 relativa a la lucha contra el terrorismo publicada en marzo de dicho año y que modifica las Decisiones anteriores (la fecha de transposición es septiembre de este año 2018). Ya se exige por tanto que haya un riesgo de comisión de delitos de terrorismo.

Recuerda que el TC proclamaba a) El carácter institucional del derecho a la libertad de expresión; b) el carácter limitable del derecho a la libertad de expresión y, singularmente, el derivado de manifestaciones que alienten la violencia y c) la proporcionalidad en la limitación penal del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Y que ya la aplicó respecto a los delitos referidos a la negación y difusión de ideas que justifiquen el genocidio, considerando que solamente que es constitucional la sanción penal si aquella negación y justificación opera como incitación, aunque indirecta, a su comisión.

En el caso concreto, el TS confirma la sentencia absolutoria al considerar que una cosa es proclamar, incluso vociferar, lo que el sujeto «siente», es decir sus deseos o emociones, exteriorizándolos a «rienda suelta» y otra cosa que tal expresión se haga, no para tal expresión emotiva, sino, más allá, para la finalidad de procurar que el mensaje incite a otros aunque sea de forma indirecta a cometer delitos. En este caso solamente hay un ánimo crítico y expresan una opinión. La cuestión es cuando se considera que no hay peligro. En este caso se valoró que no había habido impacto en la opinión pública ni contenían llamamientos a la violencia.

Esperemos que se consolide de verdad esta doctrina que ya inició la STS 378/2017, y que suponía una nueva orientación en la interpretación que hasta entonces estaba haciendo el TS. Recordad cómo eran antes con la STS 4/2017 mordaza relativa al cantante de Def con Dos, porque hay vaivenes al respecto como supone la STS 706/2017 (que ratifica la condena de enaltecimiento por retwitear partiendo de un concepto de la libertad de expresión muy limitado e incompatible con la STC 112/2016 y la nueva Directiva.


STS 30/2018 de 19 de enero de 2018


STS 30/2018 que recoge el Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de 21 de diciembre de 2017: En caso de concurso medial, cuando las penas de prisión señaladas en abstracto en cada uno de los delitos que integran el concurso no supere los cinco años, aunque la suma de las previstas en una y otras infracciones excedan de esa cifra, la competencia para su enjuiciamiento corresponde al Juez de lo Penal.
En el caso concreto, el fiscal formuló acusación por un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos en concurso medial con un delito continuado de estafa, y recurre la decisión de la AP que rechaza su competencia por considerar que corresponde al Juzgado Penal. El Ministerio Fiscal funda su recurso en el nuevo redactado del art. 77.3 CP, y  considera que la pena en abstracto a imponer en los casos de concurso medial es una pena de nueva construcción, resultante de la suma de las penas de los delitos de que se acusa, establecidas por separado, y dado que la estafa se encuentra penada en el artículo 249 del código penal con una pena de prisión de seis meses a tres años, más multa y la revelación de secretos del artículo 197. 1 del Código Penal con una pena de prisión de uno a cuatro años, más multa resultaría que el límite máximo de las penas en abstracto a imponer sería la suma de las penas correspondientes a los dos delitos, lo cual podría dar lugar a la imposición tras el juicio oral de la pena de hasta siete años de prisión.
El TS concluye que la atribución competencial, no viene determinada por las penas a imponer, sino por razón de los delitos a enjuiciar, que ahora sí, se concretan por la previsión abstracta de la pena fijada en el tipo. Y por tanto, la competencia deferida al Juez Penal, no imposibilita la imposición de penas superior a cinco años, sino enjuiciar delitos (no concursos) cuya pena abstracta de prisión, exceda de cinco años. Considera que resulta contradictorio que dos infracciones que concursan en forma ideal o en forma real, la atribución competencial, cuando la penalidad de cada una de ellas no sea superior a cinco años de prisión, corresponda al Juez de lo Penal, pero si concursan en forma medial, más grave que la modalidad ideal, pero menos que la real, salgan de su competencia. Por lo que nada obsta a que como consecuencia de un concurso medial, la pena de prisión que imponga el Juez de lo Penal, sea superior a cinco años, sea siete, ocho o cualesquiera cifra hasta diez años. 

 

STS 14/2018 de 16 de enero de 2018


STS 14/2018 en el caso conocido como el del pederasta de Ciudad Lineal. Parece interesante el aspecto relativo al tratamiento mediático del caso y el olvido legislativo de la Directiva sobre presunción de inocencia y derecho a un juicio justo.

Cuando las actuaciones estaban bajo el secreto de sumario, el Ministro del Interior dio una rueda de prensa facilitando el nombre del acusado cuando fue detenido publicando fotografías del mismo, y todo ello antes de que se practicasen las ruedas de reconocimiento con las menores. La defensa citó la STEDH Lizaso Azconobieta contra España que considera que el art. 6 CEDH permite a las autoridades informar sobre investigaciones en curso pero con discreción y reserva preservando el principio a la presunción de inocencia. Por lo que la información debe estar exenta de cualquier apreciación o prejuicio de culpabilidad, distinguiéndose las declaraciones que reflejan el sentimiento de que la persona afectada es culpable –que vulneran la presunción de inocencia- de las que simplemente describen un estado de sospecha. Y que se debe analizar el contexto y las circunstancias en las que dicha declaración se ha realizado.

El TS realiza una crítica al tratamiento mediático de determinados casos, citando expresamente el de Bretón, con filtraciones que vulneran el secreto sumarial en las que todo se difunde –publicación del proceso- sin que el acusado se pueda defender. Y en el caso analizado censura la actuación del Ministro, pero considera que la fundamentación de la autoría se ha basado en la prueba practicada y no en la percepción colectiva, anticipada e inducida por los medios de comunicación. Y considera que las ruedas no son nulas porque las niñas no habían visto antes de su práctica las imágenes difundidas en los telediarios medios del acusado, no existiendo contaminación previa.

Compartiendo la crítica a los juicios paralelos provocados por la sobre(des)información de los procesos penales, pero seguimos sin tener una protección efectiva para las personas investigadas o acusadas y que pueda preservar la imparcialidad del Tribunal o del Jurado ante la influencia de los medios de comunicación en sus decisiones, y creo que se ha perdido la oportunidad de reclamar las medidas legislativas necesarias para hacer efectiva dicha protección. En el Reino Unido tienen el contempt of court que permite prohibir la difusión de noticias y comentarios sobre los hechos de un proceso judicial, cuando el juez considere que puede afectar a un juicio con todas las garantías. En Francia se castiga en el Código Penal publicar comentarios que puedan que ejerzan presión para influir en decisiones judiciales, así como la difusión de imágenes del acusado.

La Directiva 2016/343, sobre presunción de inocencia y derecho a un juicio justo contiene una serie de medidas que deben aplicarse desde el momento en el que una persona sea sospechosa incluso antes de que se le haya comunicado oficialmente su condición de sospechosa. Considera así que se vulneraría la presunción de inocencia si las declaraciones públicas de las autoridades públicas, o las resoluciones judiciales que no fuesen de condena se refiriesen a un sospechoso o acusado como culpable mientras no se haya probado su culpabilidad con arreglo a la ley. Dichas declaraciones y resoluciones judiciales no deben reflejar la opinión de que esa persona es culpable. Por «declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas» debe entenderse cualquier declaración que se refiera a una infracción penal y que emane de una autoridad que participa en el proceso penal relativo a esa infracción penal, como por ejemplo las autoridades judiciales, la policía y otras autoridades con funciones policiales u otra autoridad pública, como ministros y otros cargos públicos. Se puede divulgar información pero cuando sea absolutamente necesario, razonable y proporcionado y siempre teniendo en cuenta la presunción de inocencia. Esta Directiva se debe trasponer en abril de este año 2018. No consta que haya ningún proyecto legislativo para hacerla efectiva. Y desde luego no existe la protección efectiva que impone la Directiva viendo por ejemplo lo que ha sucedido con el juicio del caso La Manada, celebrado bajo una gran presión social y mediática.

Por otra parte, la misma Directiva establece que se adopten medidas por los Estados miembros para que los acusados en el juicio no sufran ninguna medida de coerción física, como que estén esposados, salvo que sea necesario excepcionalmente por motivos de seguridad, y en la Audiencia aún vemos grabaciones de juicios en apelación en los que el acusado está esposado y con los agentes policiales sentados, uno a cada lado, en el juicio, lo que desde luego es inaceptable.


STS 831/2017 de 18 de diciembre de 2017

Sentencia  de la Sala Segunda que declara la nulidad  parcial (solo respecto del recurrente) del juicio por que 2 de los  magistrados que formaron la sala habían celebrado un juicio previo por los mismos hechos contra otros acusados y se había "prejuzgado la culpabilidad" del acusado como deriva del texto de la primera sentencia dictada.

Accede a la Sentencia