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miércoles, 11 de enero de 2017

Bienvenidas/os al Blog de la Comisión Penal de Jueces para la Democracia

Bienvenidas/os al Blog de la Comisión Penal de Jueces para la Democracia, un espacio para compartir novedades legislativas, análisis, informes y estudios de actualidad penal, así como una selección de la más interesante y novedosa jurisprudencia de ámbito nacional y europeo.

Tratamos de facilitar el acceso a nuestros contenidos, ordenados temporalmente, desde la mas reciente, con el tesauro de VOCES disponible en el lateral derecho de la página.

La Comisión de penal publica tres boletines anuales con gran parte de los contenidos de este Blog. Accede a los Boletines

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martes, 29 de noviembre de 2016

STC 154/2016 de 22 de septiembre de 2016

El TC se ampara en la concurrencia de la falta de legitimación de la asociación Andalucía Acoge para recurrir en amparo por infracciones del derecho a la libertad, para no entrar a analizar si se había producido o no tal infracción en la decisión judicial de no incoar procedimiento de Habeas Corpus cuando Andalucía Acoge denunció que un grupo muy numeroso de inmigrantes estaba en un recinto municipal durante ocho días, sin poder salir del mismo, sin recibir asistencia letrada y sin ser puestos a disposición judicial. 

La lectura del voto particular revela la calidad de la sentencia de la mayoría. Y revela el umbral al que el TC viene reduciendo la protección de los derechos fundamentales.


STC 144/2016 de 19 de septiembre de 2016

Nueva estimación de amparo ante decisiones judiciales que cierran precipitadamente y sin investigación suficiente una denuncia por malos tratos /tortura, en sede policial.


STC 172/2016 de 17 de octubre de 2016

Estima parcialmente el recurso de amparo interpuesto por Francisco Serrano, que fue Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Sevilla, tanto contra la sentencia del TS como contra la que dictó la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Andalucía. 

La STC estima, por un lado, infracción del derecho a la tutela judicial efectiva por haber admitido el TS a trámite el recurso de casación por infracción de ley -siendo este el motivo que derivó en la agravación de la condena por prevaricación imprudente a condena por prevaricación dolosa-, cuando debió haberlo inadmitido -interesante proyección del derecho de tutela judicial efectiva al ámbito de inadmisión de recursos-. 

Por otro, considera que el TS agravó la condena apreciando la concurrencia de un elemento subjetivo de la conducta, fundado en una revaloración de prueba personal, algo obviamente vedado por la doctrina del TC y la jurisprudencia del TEDH, cuando el recurso de casación carece de vista con práctica de prueba personal o de audiencia al acusado. 

Por el contrario, no aprecia infracción del derecho de defensa y, en concreto, del principio acusatorio por haber sido condenado el recurrente por el TSJ por un delito de prevaricación imprudente, cuando la acusación lo era por delito doloso.


SAN 35/2016 de 15 de Noviembre de 2016

Absuelve al actual concejal del Ayuntamiento de Madrid Sr. Zapata a quien se le acusaba de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo del 578 y 579.2 CP por los siguientes mensajes : 

Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcasser para que no vaya Irene Villa a por repuestos.

Rescate ficción. Rajoy promete resucitar la economía y a Marta del Castillo 

Considera que dichas frases no encierran objetivamente carga ofensiva alguna y que contextualizándolas, se trata de un humor macabro.


STS 820/16 de 26 de octubre 2016

Condena por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo del 578 y 579.2 CP por los siguientes mensajes:

A mí no me da pena alguna Miguel Ángel Blanco, me da pena la familia desahuciada por el Banco.

Carrero Blanco víctima? DAIS ASCO 

Esta última STS dice que el 578 sanciona dos conductas diferenciadas: el enaltecimiento o justificación del terrorismo, por un lado, y las manifestaciones de desprecio o humillación de las víctimas de terrorismo. Y considera que en el caso analizado, los mensajes mencionados constituyen una vejación hacia víctimas concretas (Miguel Ángel Blanco y Carrero Blanco). Dice también la sentencia en su fundamento CUARTO que Objetivamente las frases encierran esa carga ofensiva para algunas víctimas y laudatoria y estimuladora del terrorismo que a nadie escapa. Las explicaciones a posteriori no tienen capacidad para desvirtuarlas. No están presentes en el mensaje que es percibido por sus numerosos receptores sin esas modulaciones o disculpas adicionales. Y eso necesariamente era captado por el recurrente. Lo que implica que resulta casi imposible a la defensa probar su inocencia ya que En delitos de expresión en que el mensaje, objetivamente punible, ha quedado fijado, una vez aceptada la autoría, se complica evidentemente la posibilidad de eludir la condena. Nada reprochable ha de verse en ello. Los hechos han sido probados y ciertamente desde ahí se hace muy difícil encontrar una disculpa razonable que sea convincente. No exigiéndose por otra parte ningún dolo especial.

Cierto que son supuestos muy distintos y en unos contextos muy diferentes, pero no deja de mostrarse la dificultad de delimitar el llamado discurso del odio y el derecho a la libertad de expresión, y de cómo se está poniendo límites a este último derecho a través de tipos penales que son tan amplios e imprecisos que generan un claro riesgo de abuso en su aplicación. 


STS 782/16 de 19 de octubre de 2016

Trata sobre el error invencible de prohibición. El caso es el siguiente: el acusado de 29 años mantiene relaciones sexuales consentidas con menor que tiene 14 años. Las relaciones sexuales mantenidas con la menor antes del 1 de julio de 2015 eran atípicas pero no las que tuvo con posterioridad a dicha fecha. Queda acreditado que él sabía que ella tenía 14 años pero no pensaba que era delito mantener relaciones sexuales con menores de 16 años. 

Fue condenado por la AP como autor de un delito continuado de abuso sexual de los artículos 183.1 y 3 a la pena de 5 años de prisión.

La AP consideró que el error era vencible ya que el acusado llevaba residiendo muchos años en España y los medios de comunicación se hicieron eco de la reforma operada en julio de 2015, añadiendo que el acusado consideraba que dada la diferencia de edad estaba mal esa relación (según declaró varias veces) y sabía por tanto que no estaba dentro de la normalidad dicha relación y podía haber accedido a la información necesaria para asegurarse, sabiendo además que en su país también se penalizan las relaciones sexuales con menores. 

El TS no lo ve así. Considera que hay un dato fundamental para definir el error como invencible. Y es que la relación entre ellos era de noviazgo, libre y consentida, y nació en un entorno social de tolerancia, convirtiéndose en delictiva a raíz de la publicación en el BOE de la reforma de 2015. Y si consideráramos que concurre el error vencible, esto supondría aceptar que todo aquel que mantiene una relación sentimental fronteriza con los límites en los que el derecho penal sitúa la capacidad de autodeterminación sexual, está obligado a una consulta periódica de los boletines oficiales en los que se publican las reformas legislativas, con el fin de descartar que un cambio de política criminal lo haya convertido en delincuente sexual. Es una conducta no exigible. O sea, que el carácter invencible del error es consecuencia esencialmente (aparte de las circunstancias personales) de la inicial licitud que preside los primeros contactos sexuales.

Esta sentencia sobre el error invencible de prohibición plantea una cuestión interesante dadas las continuas reformas del CP y la criminalización de conductas que antes eran irrelevantes penalmente y se introducen ex novo en el Código Penal por la LO 1/2015, por ejemplo los delitos de expresión, 510 o 559 CP o conductas que antes carecían de sanción penal y estaban amparadas en un entorno social de tolerancia.


STS 852/2016 de 18 de octubre de 2016

Analiza el tema de los testigos protegidos, esencialmente anónimos y ocultos.

La AP condena a los tres acusados como autores de dos delitos de asesinato en grado de tentativa, así como de asociación ilícita. Los hechos ocurrieron en el año 2009 miembros de los Latin Kings agredieron a integrantes de los Trinitarios. La defensa de uno de ellos solicitó en su escrito de defensa que se revelara la identidad del testigo protegido X-4 y no se accedió a su petición. De hecho, la Audiencia, en el auto de admisión de pruebas, pospuso la resolución al respecto una vez se pronunciaran las partes pero finalmente no resolvió y no facilitó a la defensa la identidad he dicho testigo. Recurre alegando que se le ha causado indefensión ya que dicho testigo ha sido determinante de su condena y tiene sospechas de que pertenezca a los Trinitarios o a los Latin Kings y actúe contra él por motivos de odio, rivalidad o de venganza. 

La STS analiza la cuestión de los testigos protegidos y la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, y la dificultad de equilibrar el derecho de defensa con el derecho de proteger los bienes personales del propio testigo (desvelar o no su identidad), así como en su caso la valoración de dicha prueba y su compatibilidad con las garantías de contradicción e inmediación (práctica de la misma). Matiza asimismo que también cabe distinguir al testigo oculto o semioculto (cuando declara siendo visto por el Tribunal y los letrados pero no por los acusados y el público. Y enumera los requisitos que deben concurrir para que pueda servir como prueba de cargo la declaración del testigo anónimo: a) resolución motivada que justifique el mantenimiento de su anonimato (por lo que no es obligado desvelar la identidad el testigo protegido cuando haya razones fundadas para no desvelarla), b) que concurran otros elementos probatorios junto con el testimonio anónimo, toda vez que no se puede someter a contradicción la fiabilidad y credibilidad del testigo (porque la defensa no lo conoce), lo que devalúa la prueba hasta el punto de ser simplemente corroboradora de la prueba principal de cargo y c) medidas que permitan compensar al acusado los déficits de defensa y que le permitan combatir la fiabilidad y credibilidad del testigo y su testimonio.

Resulta también interesante porque entra en el tema de cuánta motivación se debe exigir a la defensa cuando solicita conocer la identidad del testigo superando la fórmula genérica de que le causa indefensión dicho desconocimiento, toda vez que del contenido de la declaración en instrucción pueden derivarse datos que le permita una mayor concreción en cuanto al motivo de su petición. Y distingue según la relación extraprocesal existente entre el testigo y el acusado. Es decir, si fuera un agente policial o persona con la que no ha tenido relación alguna, es irrelevante para la defensa conocer su identidad. Pero si hubiera habido relación extraprocesal, conocer la identidad del testigo puede ser esencial para valorar su credibilidad ante la posible existencia de motivos espurios. Y no obstante, en este último caso, no se puede desestimar la pretensión por falta de concreción sino que ha de ponderarse.


lunes, 24 de octubre de 2016

STEDH asunto Vukota-Bojic c. Suiza (Nº 61838/10) de 18 de octubre de 2016

Aborda las vigilancias por detectives privados de personas en situación de baja laboral a consecuencia de alguna actividad cuyo riesgo estuviera asegurado. El Sr. Vukota-Bojic mantenía un largo litigio con la aseguradora sobre el alcance incapacitante de las lesiones neurológicas sufridas a consecuencia de una accidente acaecido en 1997. La aseguradora encargó seguimientos del Sr. Vukota a una empresa de detectives. Se desarrollaron durante cuatro días y durante varias horas diarias siempre en espacios públicos. Las conclusiones alcanzadas sobre movilidad y autonomía personal fueron aportadas como prueba al juicio en el que se discutía el grado de discapacidad y la procedencia de la baja laboral. Y utilizadas por el tribunal para reducir las expectativas indemnizatorias del demandante.

El Tribunal califica dichas vigilancias como injerencias en el derecho a la vida privada y familiar por lo que procede activar la protección del artículo 8 CEDH. En consecuencia, el Tribunal somete la actuación de la aseguradora y de los detectives contratados por aquella al estricto test de convencionalidad que aplica a las medidas con relevancia injerente significativa -previsión legal específica y accesible, interés legítimo, necesidad y estricta proporcionalidad-. Y llega a la conclusión de que la ley suiza no preveía con la suficiente precisión exigible ni la propia oportunidad de dicho medio de comprobación del estado de salud del asegurado ni las condiciones espacio-temporales-modales en que dicha actividad podía realizase ni, tampoco, las condiciones o mecanismos de tratamiento posterior de la información obtenida. Por tanto, considera que se vulneró el derecho a la vida privada del demandante.

Sin embargo, rechaza que la posterior utilización probatoria de la información obtenida supusiera una vulneración, además, del derecho a un proceso equitativo ex artículo 6 CEDH. De nuevo, el TEDH se muestra muy restrictivo en las consecuencias procesales que puedan derivarse de la vulneración de un derecho sustantivo. 

Reafirma el canon, ya clásico, de que no toda lesión del artículo 8 CEDH arrastra la inutilizabilidad probatoria de la información derivada de aquella. Sigue insistiendo en que son las autoridades estatales las que, prima facie, disponen de un amplio margen de apreciación para determinar las consecuencias de orden probatorio y la aplicación, o no, de la regla de exclusión . Por otro lado, considera que en el caso la decisión del tribunal nacional no se basó de forma exclusiva en la información aportada por los detectives y que, además, como elemento compensatorio, la parte pudo disponer de medios para poder cuestionar la fiabilidad de la información aportada.


STJUE C-104/114 de 8 de septiembre de 2015

La STJUE de 8 de septiembre de 2015 resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuneo -Italia- sobre interpretación de normativa comunitaria en materia de IVA y, en concreto, relativa a la regulación dirigida a combatir el fraude fiscal a nivel europeo, y si la misma es compatible con una normativa nacional que, mediante la fijación de plazos de prescripción cortos o el acortamiento de los preexistentes, provoca impunidad en la materia. En concreto, la cuestión se suscitaba en estos términos: 


"según el órgano jurisdiccional remitente, los procedimientos penales relativos al fraude fiscal, como el que supuestamente cometieron los imputados, implican por regla general investigaciones muy complejas, de manera que el procedimiento requiere mucho tiempo en la fase de instrucción. Afirma que, si se toman en consideración todas las instancias, la duración del procedimiento es de tal magnitud que, en Italia, para este tipo de asuntos, la impunidad de hecho no es la excepción, sino la norma. Añade que la administración tributaria italiana suele hallarse ante la imposibilidad de recuperar el importe de los impuestos defraudado mediante este tipo de delito".

La STJUE, en sus fundamentos jurídicos, parágrafos 47 y ss., argumenta: 

"47 Si el juez nacional llega a la conclusión de que la aplicación de las disposiciones nacionales en materia de interrupción de la prescripción tiene como consecuencia que, en un número considerable de asuntos, hechos constitutivos de fraude grave queden impunes desde el punto de vista penal debido a que, por regla general, tales hechos habrán prescrito antes de que la sanción penal prevista por la ley pueda imponerse mediante una resolución judicial definitiva, podría declarase que las medidas establecidas por el Derecho nacional para combatir el fraude y las actividades ilícitas que afectan a los intereses financieros de la Unión no son ni efectivas ni disuasorias, lo que sería incompatible con el artículo 325 TFUE, apartado 1, con el artículo 2, apartado 1, del Convenio PIF y con la Directiva 2006/112, en relación con el artículo 4 TUE, apartado 3.

48 Asimismo, incumbirá al órgano jurisdiccional remitente verificar si las disposiciones nacionales controvertidas se aplican a los casos de fraude en materia de IVA del mismo modo que a los casos de fraude que afectan únicamente a los intereses financieros de la República Italiana, como exige el artículo 325 TFUE, apartado 2. No sucedería así, en particular, si el artículo 161, párrafo segundo, del Código Penal estableciera plazos de prescripción más largos para hechos de naturaleza y gravedad comparables, que afectasen a los intereses financieros de la República Italiana. Pues bien, tal y como observó la Comisión Europea en la vista celebrada ante el Tribunal de Justicia, y sin perjuicio de que el tribunal nacional compruebe este extremo, el Derecho italiano no establece, en particular, ningún plazo de prescripción absoluto en lo que concierne al delito de asociación para delinquir en materia de impuestos especiales sobre las labores del tabaco. Sobre las consecuencias de una eventual incompatibilidad de las disposiciones nacionales controvertidas con el Derecho de la Unión y el papel del juez nacional 

49 En el supuesto de que el órgano jurisdiccional nacional llegue a la conclusión de que las disposiciones nacionales controvertidas no cumplen la exigencia del Derecho de la Unión relativa al carácter efectivo y disuasorio de las medidas de lucha contra el fraude del IVA, dicho órgano jurisdiccional habrá de garantizar la plena eficacia del Derecho de la Unión, dejando si es preciso sin aplicación las referidas disposiciones nacionales y neutralizando así la consecuencia a la que se hace referencia en el apartado 46 de la presente sentencia, sin que haya de solicitar o esperar su previa derogación por el legislador o mediante cualquier otro procedimiento constitucional (véanse, en este sentido, las sentencias Berlusconi y otros, C‑387/02, C‑391/02 y C‑403/02, EU:C:2005:270,apartado 72 y jurisprudencia citada, y Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, apartado 51 y jurisprudencia citada)."


STS 698/2016 de 7 de septiembre de 2016

OTRA VEZ SOBRE ASOCIACIONES CANNÁBICAS, tema en el que el TS no se pone de acuerdo al existir claramente dos posiciones contrarias, que casa la sentencia de instancia que absuelve a una Asociación cannábica y considera que los hechos son típicos en aplicación de la sentencia de Pleno 484/2015. Considera que consumo ilegal de drogas es todo consumo que no entre en los supuestos expresamente autorizados en los convenios y normas administrativas vigentes en España y que no es aplicable la doctrina del consumo compartido al caso analizado dada la magnitud de las cantidades manejadas, el riesgo real y patente de difusión del consumo y la imposibilidad de constatar la condición de usuarios habituales de la sustancia. Y que una cosa es el consumo compartido entre amigos o conocidos y otra muy distinta que no puede asimilarse al consumo personal, la organización metódica de una estructura institucionalizada, con vocación de permanencia y abierta a la integración casi indiscriminada, sucesiva y escalonada de un número no limitado de personas hasta superar los dos mil. Esto último es una cooperativa de distribución de la sustancia estupefaciente prohibida, cuya atipicidad no es admisible. Solamente podrían ser atípicos penalmente los supuestos en los que no se detecte alteridad entendida como facilitar o favorecer el consumo de otros, es decir, actuaciones asimilables al autoconsumo aunque se prediquen de un colectivo (reducido número de personas, carácter cerrado del círculo, consumo en recinto cerrado, ausencia de publicidad, que los miembros estén vinculados de forma que se conozcan entre sí y constatar sus hábitos de consumo, destino del producto a ese consumo individual... En cualquier caso, hay que estar al supuesto concreto para ver si estamos ante una acción institucionalizada al servicio del consumo de terceros o un supuesto de consumo compartido, informal y sin pretensión de convertirse en una estructura estable abierta a terceros.

STS 700/2016 de 9 de septiembre de 2016

Aborda la reforma de la LO 1/2015 en los delitos de apropiación indebida y administración desleal, que ha reformulado el entendimiento histórico del delito de apropiación indebida y de su relación con el de administración desleal, remitiéndose a la STS 163/2016 y a otras sentencias dictadas con ocasión de la reforma; de ahí su interés. Se ha suprimido el art. 295 y ahora la administración desleal está regulada en el 252 de forma autónoma que recoge el tipo de delito societario de administración desleal del 295 derogado y la apropiación indebida en el 253, estableciéndose como criterio diferenciador entre ambos, que en la apropiación indebida su nota definitoria es la disposición de los bienes, incluido el dinero, con carácter definitivo en perjuicio de su titular (su definitiva expropiación) mientras que en la administración desleal es el mero hecho abusivo de aquellos bienes en perjuicio de su titular pero sin pérdida definitiva de los mismos, cualquiera que sea el origen de las facultades administradoras.